La Junta Electoral Central (JEC) decidió archivar la denuncia presentada por el PSOE que solicitaba la suspensión de la comparecencia de la secretaria general de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, ante la comisión de investigación del Senado relacionada con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Esta citación está programada para el 20 de abril de 2026.
La JEC argumenta que no le corresponde a este organismo suspender este tipo de convocatorias, ni evaluar la conveniencia de su celebración, reafirmando así la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el principio de neutralidad de las instituciones. Este principio es fundamental para el mantenimiento del ordenamiento jurídico en el contexto de los procesos electorales, que no interrumpen el funcionamiento de los órganos constitucionales.
En su resolución, la Junta subraya la autonomía del Senado para solicitar comparecencias que considere adecuadas. A pesar de la decisión de archivar la denuncia, la JEC hace un llamado a que se ejerzan las funciones constitucionales de manera responsable durante el periodo electoral.
La solicitud para suspender la comparecencia fue presentada el 13 de abril por el secretario de Organización del PSOE-A, Francisco Rodríguez, como parte de una denuncia electoral que se había formalizado el 21 de marzo debido a unas declaraciones de la portavoz del PP en el Senado, Alicia García.
Esta ampliación de denuncia estaba dirigida contra el PP y su vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, por supuestas infracciones relacionadas con la neutralidad de los poderes públicos durante el proceso electoral andaluz.
En la denuncia formulada el 31 de marzo de 2026, el PSOE-A acusó al PP de violar el artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, alegando que se estaba utilizando una institución del Estado para fines electorales. La rueda de prensa en cuestión tuvo lugar en el Senado, en un contexto que el PSOE considera inadecuado.
García, por su parte, presentó alegaciones y sostuvo que no hubo desviación de poder, ya que el Senado tiene la función de investigar asuntos de interés público. También indicó que el anuncio de la comparecencia de Montero se realizó en una rueda de prensa el 27 de febrero de 2026, es decir, tres semanas antes de que se anunciara la convocatoria de elecciones en Andalucía.
El PSOE-A destaca en su denuncia que las declaraciones de Gamarra incluidas en la ampliación constituyen imputaciones graves y sin respaldo judicial. El partido argumenta que estos hechos demuestran un comportamiento reiterado y coordinado en el ámbito institucional, mediático y digital, empleando una institución estatal como parte de una estrategia electoral.
En respuesta a las alegaciones, Gamarra insistió en que las actividades del Parlamento no pueden ser controladas en base al artículo 50. Por otro lado, la JEC ha subrayado que las ruedas de prensa realizadas en el Senado están en consonancia con las funciones asignadas a los parlamentarios.
El organismo enfatiza que todos los grupos parlamentarios tienen la posibilidad de utilizar los medios y plataformas disponibles en el Senado, lo cual no compromete el principio de neutralidad. Finalmente, la JEC concluyó que no le compete pronunciarse sobre los hechos denunciados y reiteró la importancia de que los representantes extremen el cuidado en sus declaraciones durante el periodo electoral.
Este caso pone de relieve la complejidad del entorno político en Andalucía, donde la utilización de las instituciones en el contexto electoral se encuentra bajo un intenso escrutinio. La decisión de la JEC también plantea cuestiones sobre cómo se gestionan las funciones parlamentarias y las acciones de los partidos en un periodo electoral, reflejando la constante tensión entre la política y la administración pública.
