El año anterior, España registró la muerte de 584 personas durante su jornada laboral. Si se incluyen aquellos que fallecieron en trayectos hacia o desde el trabajo, la cifra total asciende a 735 muertos. En los dos primeros meses de este año, ya se han contabilizado 104 muertes, seis más que en el mismo periodo de 2022. Ante esta alarmante situación, el Gobierno ha puesto en marcha medidas para intentar reducir el número de siniestralidad laboral. En este sentido, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley que tiene como objetivo fortalecer la prevención de riesgos laborales, en coincidencia con el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.
Este nuevo proyecto de ley cuenta con el respaldo de los sindicatos, aunque ha sido rechazado por la patronal, lo que podría complicar su tramitación legislativa. En el Parlamento, donde predominan fuerzas de derecha, las iniciativas impulsadas por el Ministerio de Trabajo suelen ser desestimadas cuando solo cuentan con el apoyo de los representantes de los trabajadores.
Una de las principales propuestas de esta normativa es la creación de la figura del “agente territorial de prevención”, un individuo designado por los sindicatos y empresarios que se encargará de supervisar los riesgos laborales en las pequeñas empresas, aquellas que tienen menos de diez empleados. Según las organizaciones sindicales, en estos pequeños establecimientos se produce un alto índice de accidentes laborales. Además, el acuerdo busca aumentar la vigilancia sobre las compañías que subcontratan estos servicios a terceros.
El anteproyecto también estipula que las empresas con más de 300 trabajadores deberán contar con su propio servicio de prevención, una cifra que se reduce de los 500 actuales. En el sector de la construcción, se exige dicho servicio a partir de los 150 empleados, bajando de los 250 anteriores. También se establece un mayor seguimiento para los trabajadores autónomos y se introducen cambios relacionados con la crisis climática, los riesgos psicosociales, y la perspectiva de género y de edad. Además, se refuerza el derecho a la desconexión digital para los empleados.
Tras su aprobación inicial, el anteproyecto deberá pasar por varios informes obligatorios, incluyendo uno del Consejo Económico y Social, antes de regresar al gabinete para una nueva lectura y su posterior envío al Congreso. Más allá de este anteproyecto, el Ministerio de Trabajo se ha comprometido a implementar modificaciones reglamentarias, aquellas que puedan ser aprobadas por decreto, asegurando que estas no se llevarán a cabo hasta que se determine el futuro del anteproyecto. Esta decisión ha generado cierto descontento en el sindicato CC OO, que considera que ha habido un incumplimiento del acuerdo previo.
De acuerdo con los últimos datos de Eurostat, España presenta una incidencia de siniestralidad laboral de 1,71 fallecimientos por cada 100.000 empleados, cifra que supera ligeramente la media de la Unión Europea (1,63). Esta tasa es considerablemente más alta que la de países con mejores resultados en términos de seguridad laboral, como los Países Bajos (0,38), Alemania (0,71) o Polonia (1,18).
En una reciente reunión de la mesa de diálogo sobre prevención, celebrada en noviembre pasado, las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme manifestaron su descontento con el plan del Gobierno, argumentando que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo había utilizado el tema de los fallecimientos laborales con fines electorales. En un comunicado conjunto, expresaron sus preocupaciones sobre el enfoque del Gobierno respecto a la siniestralidad laboral.
