La Guardia Civil ha llevado a cabo una investigación que ha resultado en la identificación de tres personas como presuntas responsables de tres delitos relacionados con estafa informática. Este grupo, compuesto por individuos que residen en diferentes provincias de la península, habría cometido estos delitos accediendo de manera fraudulenta a correos electrónicos corporativos de varias empresas.
Según el informe del Instituto Armado, los implicados accedieron a las comunicaciones electrónicas entre empresas con vínculos contractuales para interceptar facturas y alterar los números de cuentas bancarias. Su objetivo era redirigir los pagos hacia cuentas fraudulentas, lo que ha generado importantes perjuicios económicos.
Las víctimas de esta estafa incluyen empresas situadas en localidades como Las Rozas (Madrid), Paradas (Sevilla) y Jaén, las cuales han sufrido un impacto financiero que supera los 240.000 euros. Sin embargo, la intervención rápida de las autoridades permitió la recuperación de más de 225.000 euros, mitigando así el daño causado.
Las denuncias fueron presentadas a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil después de que las empresas afectadas comprobaran que los pagos efectuados no habían llegado a los proveedores reales, quienes sí habían realizado los trabajos facturados. En dos de los casos, la detección de la estafa se produjo días más tarde, tras recibir requerimientos de pago de las legítimas empresas afectadas y revisar las comunicaciones previas.
La primera denuncia fue clave, presentada en un intervalo de 24 horas tras la transferencia inicial, lo que facilitó que la Guardia Civil iniciara de inmediato las gestiones con la entidad bancaria receptora. Esta acción resultó en el bloqueo de 200.000 euros en una cuenta y otros 25.000 euros que se habían transferido a otra cuenta igualmente fraudulenta.
La investigación fue realizada por el Equipo @ de la Cibercomandancia bajo el marco de la operación DYNABEC. Aunque no se logró bloquear todos los movimientos bancarios, los agentes pudieron reconstruir la trazabilidad de los pagos fraudulentos e identificar a los tres presuntos implicados, quienes residen en Algeciras, Badajoz y Tarragona.
Este tipo de estafa produce un doble perjuicio para las empresas afectadas, ya que, además de perder el dinero transferido de forma fraudulenta, deben afrontar posteriormente el pago legítimo a los proveedores, quienes también se ven perjudicados por la suplantación de su identidad en las facturas manipuladas. Este caso subraya la importancia de implementar medidas de seguridad más robustas en la gestión de las comunicaciones electrónicas entre empresas para prevenir futuras estafas.
