El Gobierno español, bajo la dirección de Pedro Sánchez, enfrenta serias críticas debido a la gestión de los fondos europeos destinados a la atención de inmigrantes. Desde hace más de un año, se han bloqueado casi el 70% de los 560 millones de euros recibidos de la Unión Europea, que estaban destinados especialmente a la atención de inmigrantes en diversas regiones, incluyendo Canarias, Ceuta y Melilla. Esta situación se agrava por el aumento continuo de las rutas migratorias desde el norte de África.
El dinero proveniente de la UE no solo se debe utilizar para Canarias, sino también para que las comunidades autónomas puedan afrontar los gastos extraordinarios relacionados con la acogida de inmigrantes. En agosto del año pasado, se aprobó un reparto extraordinario; sin embargo, su implementación ha sido más lenta de lo previsto, principalmente debido a trámites burocráticos.
Desde que se recibió este aporte europeo, solo se han transferido 130 millones de euros a Canarias y aproximadamente 8 millones para Ceuta y Melilla. Esta cifra es considerablemente insuficiente, especialmente teniendo en cuenta el incremento de menores no acompañados que requieren atención en estas comunidades. La Administración de Canarias, presidida por Fernando Clavijo, se enfrenta a una deuda acumulada que supera los 252 millones de euros, un desafío que refleja la falta de respuesta adecuada del Gobierno central ante una crisis migratoria en aumento.
En términos económicos, atender a los menores extranjeros no acompañados en Canarias cuesta más de 192 millones de euros anuales. Esta cifra supera el presupuesto anual de la Dirección General de Infancia, que es de 153 millones, lo que resalta la presión financiera que enfrenta la comunidad autónoma. A pesar de las promesas de ayuda del Gobierno central, los fondos necesarios para cubrir la totalidad de la deuda no han llegado, creando un clima de incertidumbre sobre la gestión de esta crisis.
Las autoridades de Canarias han expresado su frustración, cuestionando la falta de transferencia de fondos que deberían haber sido utilizados para la acogida y manutención de los menores no acompañados. Recientemente, el presidente Sánchez había prometido una ayuda de 100 millones de euros para el año 2024, pero esta no se ha concretado, dejando a la Administración local con la incertidumbre sobre cuándo se recibirán los fondos prometidos.
Además, el último pago realizado a Canarias, que forma parte de los fondos europeos, ocurrió a finales de 2025. Este retraso ha llevado a las autoridades insulares a criticar la ineficacia del Gobierno en la gestión de la crisis migratoria. Según la información disponible, la ayuda de la UE se destina a «atender a los menores nacionales de terceros países acogidos en centros gestionados por la Comunidad», así como a facilitar su inserción sociolaboral y realizar acciones preventivas en los países de origen.
La situación es preocupante para las comunidades autónomas, ya que no solo se espera que asuman la carga de la acogida, sino que también deben hacerlo sin la ayuda económica adecuada. Este punto ha sido motivo de quejas en diversas regiones, especialmente en aquellas gobernadas por el Partido Popular. La falta de apoyo financiero ha sido un obstáculo para lograr un acuerdo sobre la redistribución de inmigrantes, lo que añade más tensión a la gestión de la crisis.
En este contexto, la Comisión Europea ha declarado que ha proporcionado a España la asistencia solicitada en cada momento. Desde Bruselas, se han mostrado dispuestos a seguir colaborando, pero han enfatizado que dicha ayuda dependerá de las solicitudes del Gobierno español. Este marco de cooperación pone de relieve la complejidad de la situación y la necesidad de una respuesta coordinada y efectiva para hacer frente a los retos que presenta la migración irregular.
