La Asegre ha lanzado una advertencia sobre las serias repercusiones que conlleva la implementación total de la restricción a la entrada de residuos peligrosos en Andalucía. Desde el 26 de abril, las últimas autorizaciones para el traslado de estos residuos a la comunidad han expirado, lo que ha dado lugar a una prohibición total. Esta situación ha dejado sin tratamiento más de 100.000 toneladas de residuos peligrosos, que provienen de actividades industriales de otras regiones y que anteriormente se gestionaban en instalaciones especializadas de Andalucía.
La restricción se deriva de la ley de economía circular de Andalucía, la cual entra en conflicto con la legislación estatal sobre residuos. Esta última establece que el principio de proximidad geográfica debe ser aplicado a nivel nacional para la gestión de residuos. Comunidades autónomas respaldan este principio, ya que permite que los residuos sean tratados en la instalación más cercana a su origen, facilitando así una gestión más eficiente y sostenible.
Asegre alerta que la aplicación actual de este principio en Andalucía distorsiona su propósito original, generando situaciones poco coherentes desde un punto de vista ambiental y económico. Por ejemplo, un residuo generado en Almería puede ser transportado a Huelva, recorriendo largas distancias dentro de la comunidad, mientras que los residuos de Badajoz no pueden ser trasladados a Andalucía, a pesar de estar más cerca.
Desde la aprobación de la ley en 2023, las empresas dedicadas a la gestión de residuos en Andalucía han sentido el impacto negativo de la drástica disminución de actividad. Las instalaciones, que requieren importantes inversiones y son altamente tecnificadas, se enfrentan ahora a un futuro incierto debido a su operación muy por debajo de la capacidad. Esto podría tener efectos adversos en el empleo dentro de este sector.
Además, la problemática no solo afecta a las empresas andaluzas, sino que también repercute en actividades industriales a nivel nacional. Las empresas productoras de residuos se ven obligadas a trasladarlos a distancias mayores o a buscar soluciones fuera del país, lo que eleva significativamente sus costes logísticos y operativos, afectando su competitividad. Regiones como Madrid, Valencia, Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura y Canarias son las más perjudicadas en cuanto a la reducción de capacidad de tratamiento.
Asegre ha recordado que tanto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como la Secretaría para la Unidad de Mercado del Ministerio de Economía han evaluado esta restricción y han expresado preocupaciones respecto a su conformidad con el marco normativo estatal. Los organismos concluyen que la ley estatal de residuos no permite prohibiciones generales sobre el traslado entre comunidades autónomas, sino que se basa en un modelo que debe analizar cada caso de manera individual.
Asimismo, subrayan que existen alternativas menos restrictivas que pueden cumplir con los mismos objetivos ambientales. Se hace hincapié en que el principio de proximidad debe ser considerado a nivel nacional, teniendo en cuenta la distancia real al lugar de generación del residuo, en lugar de criterios administrativos territoriales.
Asegre propone que el trabajo de sus empresas asociadas se gestione dentro de un sistema integrado español de residuos industriales. La legislación nacional de residuos de 2022 resalta la necesidad de establecer una red estatal que permita gestionar los residuos en las instalaciones más cercanas adecuadas.
La asociación considera que es vital abordar esta situación desde una perspectiva nacional y coordinada. Esto aseguraría el correcto funcionamiento del mercado interior y la viabilidad de las infraestructuras, además de mejorar la competitividad industrial. El objetivo es evitar medidas unilaterales que fragmenten el sistema y generen ineficiencias tanto económicas como ambientales y de mercado.