La Junta de Andalucía y los sindicatos se encuentran en la fase final de negociaciones para establecer un acuerdo que garantice a los trabajadores laborales el mismo salario que los funcionarios. Este avance es significativo, ya que afecta a más de 14.000 personas en el sector público. Según informaciones de El Correo de Andalucía, se espera que el acuerdo se formalice antes de que termine el primer trimestre de 2026, de modo que pueda ser ratificado antes del verano.
Las conversaciones para el nuevo convenio colectivo, que regirá las condiciones laborales del personal laboral, se reanudaron a finales de 2025 tras un largo periodo de estancamiento. El acuerdo alcanzado en noviembre establece que el nuevo convenio servirá de base para implementar complementos de movilidad horizontal y evaluaciones de desempeño, similares a los que reciben los funcionarios, con la posibilidad de que dichas cuantías puedan llegar hasta los 15.000 euros al año.
A pesar de los avances, aún hay aspectos que necesitan ser concretados, sobre todo en lo que respecta a las condiciones y categorías laborales en comparación con los funcionarios. Sin embargo, se prevé que dicho convenio se aplique con carácter retroactivo, de manera que los primeros complementos podrían entrar en vigor desde el 1 de enero.
Desde la Consejería de Función Pública han expresado su satisfacción por los progresos realizados en las negociaciones, que han permitido avanzar en un proceso que llevaba más de quince años sin resolución. «Hemos conseguido muchos avances en los últimos meses y el objetivo es tener todo cerrado lo más rápido posible», señalaron fuentes de la Consejería. Además, subrayaron que la previsión económica de este acuerdo está contenida en el pacto general ya firmado por la Junta de Andalucía y los sindicatos, lo que garantiza su viabilidad.
José Gener Lamela, secretario de la Administración Autonómica y Sector Público de UGT Servicios Públicos Andalucía, también comentó que la intención es acelerar el proceso para que el personal laboral pueda contar con su nuevo convenio antes del verano. Esto es fundamental para asegurar que todos los trabajadores tengan acceso a condiciones de trabajo equitativas y adecuadas.
En relación con los complementos salariales, el sistema establece que los funcionarios recibirán un complemento de movilidad horizontal estructurado en seis tramos, donde la duración del servicio prestado varía según el grupo. Por ejemplo, los tramos I y II requieren tres años de trabajo, mientras que el tramo VI exige seis años. Los importes de estos complementos oscilan entre los 310,46 euros anuales en el grupo más bajo y los 2.613,60 euros en el más alto.
Los complementos por evaluación del desempeño también se aplicarán, permitiendo aumentos retributivos notables. Para los funcionarios del grupo E, se prevé una mejora de hasta 1.257,56 euros anuales para aquellos que obtengan valoraciones positivas, con incrementos significativos para otros grupos, alcanzando hasta 4.000 euros para el grupo A1.
Para el personal laboral, se espera que las cuantías sean similares, pero adaptadas a las especificidades de sus categorías. Este enfoque asegura que todos los trabajadores dentro del sistema público perciban salarios justos y competitivos, facilitando así una mayor cohesión y motivación entre los empleados.
En conclusión, el proceso de negociación para el nuevo convenio colectivo representa un avance importante para el personal laboral en Andalucía, promoviendo la equidad salarial entre diferentes categorías de trabajadores públicos. Con un acuerdo que parece cercano, los esfuerzos conjuntos entre la Junta de Andalucía y los sindicatos podrían transformar significativamente las condiciones laborales en la región, beneficiando a miles de empleados y sentando un precedente para futuras negociaciones en el ámbito público.