La llegada de nuevos proyectos comerciales en Andalucía plantea un futuro de reindustrialización que ha capturado la atención de diversos sectores, tanto empresariales como políticos y sindicales. Con el auge de inversiones en energías renovables, hidrógeno verde y fabricación, desde la UGT se destaca la crítica a la escasez de mano de obra en la comunidad. Este sindicato enfatiza la importancia de la formación profesional (FP) para preparar a la población local, en lugar de depender de la contratación de trabajadores de fuera de la Unión Europea. Este contexto se ve agudizado por el reciente éxodo de la empresa Ayesa, que simboliza un grave problema de descapitalización en la región.
Durante la presentación de un balance en Sevilla, el secretario general del sindicato, Oskar Martín, advirtió que la FP corre el riesgo de convertirse en un negocio que solo beneficie a unos pocos. En medio del crecimiento de universidades privadas y la tensa relación entre el Gobierno andaluz y las instituciones públicas, la FP se presenta como el puente entre la administración y las empresas. Martín instó a la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, liderada por Rocío Blanco, a asegurar que la formación que se desarrolle en Andalucía responda efectivamente a las necesidades de los sectores emergentes, dado que la actual demanda no se satisface con la población local.
Por su parte, José Manuel Rodríguez Salcedo, secretario general de UGT Fica Andalucía de Industria, Construcción y Agroalimentaria, expresó su preocupación por la disparidad en la implantación de proyectos industriales en la región, específicamente entre el campo de Gibraltar y el Polígono de Huelva. Según él, hay una falta de formación en áreas críticas como soldadura y electricidad, lo que requiere una actualización urgente de los programas educativos. Andalucía, siendo una de las regiones con mayor capacidad de atraer fondos en defensa, podría generar centros de referencia a nivel nacional si se abordan estos problemas.
La situación de los casi 3.500 trabajadores del centro logístico de Sevilla, vinculado a Ayesa, continúa siendo un tema delicado. Martín destacó que cada deslocalización empresarial representa un fracaso colectivo y subrayó la necesidad de que el Gobierno andaluz condicione las ayudas a la defensa del empleo estratégico, promoviendo la estabilidad en el territorio. El sindicato se reunió con los trabajadores para comprender mejor su situación y exigir herramientas que permitan intervenir en estas deslocalizaciones, similar a lo que ha hecho el Gobierno vasco con su conglomerado.
Un llamado a la acción
De cara a las próximas elecciones autonómicas, Oskar Martín anunció que se iniciará una ronda de contactos con partidos políticos para obtener compromisos claros hacia la clase trabajadora. Este llamado busca evocar el espíritu del 4 de diciembre de 1977, cuando los andaluces salieron a la calle exigiendo un estatuto de autonomía que reconociera sus derechos. Aunque el proceso electoral pueda ralentizar las propuestas existentes, Martín manifestó su intención de que los partidos asuman compromisos concretos en sus programas.
Con el desempleo en Andalucía alcanzando cifras históricas que rondan el 8%, el secretario general de UGT destacó los “problemas estructurales” que persisten, como el desempleo juvenil y el desempleo femenino. “No podemos seguir dependiendo de un modelo basado en la estacionalidad del turismo y del campo”, subrayó. Entre las medidas que abogan para el año 2026 se incluye la mejora de la calidad laboral, que abarcaría la regulación de despidos y la reforma de la ley de riesgos laborales.
Martín alertó sobre la grave problemática de accidentes laborales en Andalucía, que ha resultado en más de 96.000 incidentes y 114 muertes hasta noviembre de 2025. Este alarmante panorama, en el que un 40% de los accidentes están relacionados con el estrés laboral y los riesgos psicosociales, demanda una respuesta contundente. El sindicato criticó el plan de choque contra la siniestralidad laboral acordado con la Junta de Andalucía, asegurando que no ha tenido el impacto esperado. Para abordar esta crisis, se requiere aumentar las inspecciones y sanciones contra quienes ponen en riesgo la vida de los trabajadores.
Por otro lado, el representante sindical también hizo hincapié en la necesidad de regular los precios del alquiler y controlar los pisos turísticos. La creación de un parque de vivienda pública estable se considera esencial para resolver la creciente crisis habitacional que afecta a muchas familias, resaltando que la vivienda es fundamental para el futuro y la estabilidad de la población. “Una vivienda adecuada marca la diferencia entre tener oportunidades o vivir en incertidumbre”, concluyó. Así, el sindicato sigue abogando por un cambio estructural que garantice derechos y bienestar para los trabajadores andaluces.
