Un total de 11 empresas han concurrido a la licitación lanzada por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública para llevar a cabo la rehabilitación y ampliación de un edificio histórico en la calle Feria, que fue sede de los juzgados de Villacarrillo hasta 2010. Este inmueble, con una superficie de 2.445 m², se destinará nuevamente a usos judiciales, adaptándose a las necesidades actuales de digitalización y nuevos servicios, en cumplimiento con la Ley de Eficiencia de 2025, que ha transformado la estructura de los juzgados.
La licitación, publicada el 24 de marzo, contempla un presupuesto total de 5,6 millones de euros (IVA incluido) y un periodo de ejecución de 18 meses. Las obras permitirán aprovechar los 2.445 metros cuadrados distribuidos en varias plantas, incluyendo dos niveles subterráneos, un planta baja y dos plantas superiores. Los sótanos albergarán espacios de servicios, mantenimiento, archivos y zonas para detenidos, mientras que la planta baja será destinada a espacios más públicos, como salas de vistas y áreas de espera.
En la primera planta se ubicarán los despachos de jueces, letrados de la Administración de Justicia y fiscales, así como áreas de trabajo para los funcionarios. También se destinarán espacios para colegios profesionales y servicios de mediación, que han sido incorporados en la Administración de Justicia en los últimos años. La segunda planta se diseñará para incluir equipamientos especializados, como una Sala Gesell, que facilitará la grabación de las declaraciones de víctimas vulnerables, especialmente en casos de violencia de género. Actualmente, estos casos son gestionados por la Sección Civil y de Instrucción, pero se prevé que, en el futuro, se cree una sección específica para la violencia sobre la mujer.
Las empresas que están en la puja son Servimar 2008, Vialterra, Procyr, Grupo 21, Vivendio Sostenibilidad Energética, Herysan, Obras de Mancha Real, ASCH Infraestructuras y Servicios, Maracof, así como las uniones temporales de empresas (UTE) formadas por Soluciona, Obras y Servicios SL y Lirola Ingeniería y Obras SL, y la compuesta por Pinus SA y Gestión y Ejecución de Obra Civil SA.
El traslado de los órganos judiciales a un local provisional cedido por el Ayuntamiento de Linares, ubicado en un mercado de abastos, ha sido consecuencia de las inadecuadas condiciones del edificio original. Este espacio temporal solo cuenta con 829 metros cuadrados, lo que significa que la futura sede judicial tendrá más del doble de capacidad. La recuperación del edificio ya había sido parte de un proyecto que se reactivó en la legislatura pasada, aunque enfrentó problemas con la adjudicación inicial. Finalmente, Tragsatec asumió la responsabilidad de la adaptación a la normativa vigente y a la nueva Ley de Eficiencia.
La implementación de esta nueva estructura judicial, que combina los dos juzgados mixtos del partido judicial de Villacarrillo, ha generado cambios significativos en la organización del trabajo de los 16 funcionarios que operan en el sistema. Este modelo permite que los recursos se compartan de manera más eficiente, beneficiando a una población de 52.000 habitantes que abarca 21 municipios. La modernización de este edificio histórico no solo representa un avance en la infraestructura judicial, sino que también es un paso importante hacia la mejora de la administración de justicia en la región.