El PSOE de Linares ha decidido respaldar el indulto parcial solicitado por Juan Fernández, quien se desempeñó como alcalde de la ciudad entre 1999 y 2018. Fernández fue condenado a tres años de prisión por malversación de fondos públicos, tras haber cobrado sobresueldos que ascendían a 125.377 euros provenientes de las arcas del grupo municipal socialista. La propuesta de indulto será sometida a votación de la asamblea local el 26 de enero, y se argumenta en función del “sentir popular”, que busca evitar que el exalcalde entre en prisión.
La condena se suspendió temporalmente en diciembre por la Audiencia de Jaén, fijando como fecha límite para la ejecución de la pena el 30 de agosto. La actual dirección del PSOE en Linares no fue la que presentó la denuncia contra Fernández ni tampoco fue responsable de su expulsión del partido en 2018. Sin embargo, los dirigentes actuales han señalado que apoyan el indulto para impedir el encarcelamiento del exregidor, aunque mantienen la solicitud de siete años de inhabilitación absoluta.
Según el escrito que se llevará a votación, la justificación para el apoyo al indulto se debe, en parte, a que el tribunal condicionó esta medida a la devolución de la cantidad económica por la que fue condenado. Además, la decisión se ha visto influenciada por el notable apoyo de la ciudadanía linarense, respaldado por miles de firmas recogidas por la Federación de Asociaciones de Vecinos, que manifiestan un deseo claro y decidido de la población.
El pleno del Ayuntamiento de Linares, realizado el 30 de julio, también mostró apoyo al indulto, aunque en esta ocasión solo los concejales del PP estuvieron presentes, mientras que los representantes del PSOE, Vox e Izquierda Unida se ausentaron. El documento que avala el indulto resalta la objetividad de la decisión, fundamentada en hechos y en la voluntad del pueblo, más allá de consideraciones políticas partidistas.
El Tribunal Supremo desestimó en junio del año pasado el recurso presentado por Fernández en contra de la sentencia que había reducido su pena de cuatro a tres años de prisión y de 10 a 7 años de inhabilitación. Los hechos probados indican que, durante su tiempo como portavoz del grupo municipal socialista, entre 2011 y 2017, el exalcalde se apropió de 1.700 euros mensuales sin la debida autorización, mediante cheques al portador que cargaban a cuentas del grupo.
Fernández ha admitido haber recibido esas cantidades, aunque sostiene que contaba con el consentimiento del PSOE. “Lo decidieron ellos y me lo firmaban”, afirmó durante su declaración. Sin embargo, el Tribunal Supremo rechazó su argumento de desconocimiento del carácter público de los fondos, afirmando que usar estos recursos para su propio beneficio representaba un desvío ilegal.
El exalcalde mostró alivio ante la decisión de la Audiencia Provincial de suspender la ejecución de la condena. En sus declaraciones, destacó que se trata de un indulto pedido por el pueblo, aludiendo al famoso dicho “como ocurrió con Fuenteovejuna”. Fernández opinó que su posible ingreso en prisión sería devastador y reiteró que no considera haber cometido un delito, sugiriendo que su situación resulta de una “confabulación política” derivada de su enfrentamiento con la entonces líder regional del PSOE, Susana Díaz. Criticó la falta de apoyo de la Junta de Andalucía para la reindustrialización de Linares tras el cierre de la factoría Santana Motor, lo que, según él, fue la raíz de su expulsión.
La controversia en torno a este caso resalta las tensiones políticas en Linares y plantea preguntas sobre la percepción pública de la justicia en casos de corrupción. A medida que se acerca la votación del indulto, se espera que la ciudadanía y los grupos políticos mantengan un debate activo sobre las implicaciones de esta decisión. La situación de Juan Fernández no solo afecta a su futuro personal, sino que también refleja el estado actual de la política local y la relación entre los ciudadanos y sus representantes.