La Audiencia Provincial de Jaén ha decidido suspender la entrada en prisión del exalcalde de Linares, Juan Fernández, mientras se evalúa su solicitud de indulto. Esta suspensión se limita hasta el 30 de agosto de 2026, fecha en la que se espera que se pronuncie el Consejo de Ministros. Si no se otorga el indulto antes de esa fecha, Fernández deberá cumplir su condena.
El exalcalde enfrenta una pena de tres años de prisión y siete años de inhabilitación por malversación de fondos públicos. Según el fallo, el magistrado Fernando Moral ha indicado que la suspensión de la ejecución de sentencias firmes solo se concede en «circunstancias excepcionales». En este caso, se ha tenido en cuenta que un jurado popular, que lo condenó, también se pronunció favorablemente sobre su petición de indulto parcial.
La decisión de suspender el ingreso en prisión fue adoptada a pesar de la oposición de la Fiscalía, que argumentó que Fernández «no merece tal beneficio». Hasta la fecha, se han recogido alrededor de 4.000 firmas de apoyo a su solicitud de indulto, que se han recopilado tanto de forma presencial como a través de una plataforma digital.
En junio de este año, el Tribunal Supremo confirmó la condena de tres años de prisión por el cobro irregular de sobresueldos durante su mandato como alcalde. Se demostró que, sin autorización, se apropió de 125.377 euros que pertenecían al grupo municipal socialista. Aunque el exalcalde sostiene que no conocía el carácter público de esos fondos, el tribunal ha dejado claro que su conducta fue un desvío ilícito de recursos públicos.
Fernández ocupó el cargo de alcalde desde 1999 y fue portavoz del Grupo Municipal Socialista desde 2011 hasta 2017. Durante ese período, se le atribuye la emisión de cheques al portador que, según el Tribunal, estaban destinados a su propio beneficio. La sentencia del Tribunal Supremo subrayó que este tipo de autoasignación no solo es ilegal, sino que aleja los fondos de su finalidad original.
A pesar de su condena, el exalcalde ha argumentado que su situación es fruto de una «persecución política y personal». Su defensa ha presentado la solicitud de indulto, un proceso que exige que la sentencia sea firme, algo que se ha cumplido tras la desestimación del recurso por el Tribunal Supremo.
La suspensión de prisión es un hecho poco común en la Audiencia de Jaén, que solo se ha otorgado en casos excepcionales, como el de Francisco Javier Gómez, exalcalde de Huesa, condenado por falsedad documental. En aquel caso, Gómez también terminó ingresando en prisión tras la negativa al indulto.
En otro caso, Andrés Bódalo, del grupo político Jaén en Común, fue condenado a tres años y medio de prisión y finalmente recibió el tercer grado tras varios meses en el centro penitenciario. La situación de Fernández, aunque particular, refleja el contexto judicial en el que se mueven algunos exalcaldes en Andalucía.
La decisión sobre su indulto deberá ser evaluada en los próximos años, y la atención pública seguirá centrada en el desarrollo de este caso. La Audiencia de Jaén tiene la responsabilidad de emitir un veredicto que tiene implicaciones significativas tanto para Fernández como para la comunidad de Linares.
