El 17 de mayo se celebrarán las próximas elecciones andaluzas, y ya se ha confirmado el coste total del proceso, que superará los 26 millones de euros. Esta cifra incluye subvenciones a los partidos políticos, contratos logísticos gestionados por la Junta, así como los gastos de seguridad y el montaje necesario para las mesas electorales. La complejidad del evento, junto con la actualización de costes generada por la inflación y el aumento del censo electoral, ha llevado a esta cifra, que incluye a 170.000 nuevos electores en comparación con la convocatoria anterior.
Dentro de la distribución del presupuesto, la Junta de Andalucía destinará 12 millones de euros a las formaciones políticas. Esta cantidad se establece en función de los resultados obtenidos en los comicios de 2022 y del número actual de votantes. Según la normativa vigente, al menos la mitad de este monto debe usarse exclusivamente para gastos electorales, que abarcan campañas publicitarias y eventos públicos. Para el próximo ciclo electoral, el límite de gasto permitido por cada partido se ha fijado en 4,3 millones de euros, lo que limita la capacidad financiera de las grandes coaliciones para competir de manera equitativa.
Además, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha anunciado una actualización en el límite de gasto permitido para los partidos, incrementándolo en un 14% respecto a los datos de 2022. Este aumento responde a la aplicación del IPC acumulado desde marzo del año pasado hasta febrero de 2026, lo que adapta la capacidad de gasto de las formaciones a la situación económica actual. La ley utiliza un multiplicador de 0,5030 en función del número de habitantes en cada circunscripción, creando una distribución desigual del presupuesto según la densidad de población.
Las provincias más favorecidas en términos de inversión son Sevilla y Málaga, con límites de gasto de 994.241 euros y 900.919 euros, respectivamente. A estas les siguen Cádiz, con más de 632.000 euros, y Granada, que se aproxima a 474.000 euros. En la media se encuentran Almería y Córdoba, ambas cercanas a 389.000 euros, mientras que Jaén y Huelva tienen los límites más bajos, establecidos en 310.000 y 269.000 euros.
En relación a la logística del proceso electoral, el Gobierno andaluz ha reservado una partida de 14,4 millones de euros para garantizar que la jornada se desarrolle sin contratiempos. Esta financiación cubrirá contratos logísticos esenciales, que incluyen la fabricación de urnas y papeletas, así como el diseño del sistema tecnológico para la transmisión de datos. Un aspecto fundamental en esta edición será el refuerzo de la ciberseguridad, dado que es crucial proteger el sistema de escrutinio de posibles interferencias externas.
La otra mitad del gasto operativo se destinará a los recursos humanos necesarios para el correcto funcionamiento de los colegios electorales, lo que incluye compensaciones a los miembros de las juntas electorales y al personal administrativo de la Junta. Además, se ofrecerán compensaciones económicas a los ciudadanos que participen en las mesas electorales.
Para la difusión de resultados, los contratos públicos en curso alcanzan un total de 7 millones de euros, la mayor parte de los cuales se destinará a garantizar el procesamiento y la publicación de datos en tiempo real. A pesar del alto coste, el Gobierno andaluz sostiene que estas inversiones son indispensables para asegurar un proceso electoral democrático y transparente.
