En un contexto político complejo, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática en Madrid, Ángel Víctor Torres, se encuentra en una posición dual. Por un lado, actúa como el representante del Estado frente a las Comunidades Autónomas, y por el otro, lidera a la oposición en Canarias, donde su principal objetivo es desalojar a Coalición Canaria y al Partido Popular del Gobierno regional. Esta dualidad le permite estar en el centro de los debates entre el gobierno español y el canario.
Recientemente, su partido ha manifestado críticas contundentes hacia lo que denomina «decreto Clavijo», aprobado en el Parlamento con la abstención de los socialistas. Torres argumenta que este decreto, en lugar de abordar las necesidades estructurales de las Islas, se ha presentado sin el debido proceso de negociación y en un contexto de falta de diálogo. Según él, «lo que mal empieza, mal termina», y considera que se han roto los mecanismos de lealtad que deberían prevalecer en la política canaria.
En su evaluación, el PSOE no está en contra de realizar mejoras para Canarias, como sugiere el Gobierno autonómico, sino que aboga por una actuación «rigorosa y coherente». Torres recuerda que la abstención de su partido en la votación no debe ser interpretada como un rechazo a las mejoras, mientras que critica la posición del presidente de Canarias, quien votó en contra de un decreto del PSOE que beneficiaba a las Islas.
Torres también ha resaltado la importancia de respetar la Agenda Canaria, señalando que cualquier negociación sobre recursos debe estar basada en un consenso y un diálogo previo. En su opinión, la falta de claridad y el cambio de reglas en medio de la negociación han generado expectativas falsas en la población canaria. «Cuando llegas a un acuerdo y lo firmas, no puedes cambiar las reglas a mitad del partido», sentencia.
Además, ha defendido la necesidad de que los recursos adicionales para Canarias sean discutidos en un marco de cooperación institucional. A pesar de sus críticas al decreto, Torres subraya que cualquier medida que beneficie a los ciudadanos debe ser considerada, y reitera el compromiso del PSOE con los intereses de las Islas.
En cuanto a la financiación autonómica, el ministro ha llevado a cabo encuentros con sindicatos y organizaciones empresariales para presentar el nuevo modelo propuesto por el Gobierno. Insiste en que este sistema podría ofrecer a Canarias una inyección de 1.100 millones de euros más, y desafía la idea de que las comunidades autónomas están perdiendo recursos ante la centralización. Para él, la clave está en la capacidad de diálogo y en la voluntad de sentarse a negociar, algo que considera esencial para el desarrollo de Canarias.
Torres ha destacado también la reciente reforma de la Ley de Extranjería y su impacto en el proceso de reubicación de menores migrantes. Aunque reconoce que el proceso aún está en desarrollo, celebra que más de 1.000 menores han sido trasladados desde Canarias en un periodo récord. Sin embargo, también advierte que la tasa de reubicación del año anterior fue solo del 30%, lo que subraya la necesidad de mejorar la colaboración entre administraciones.
Por último, en relación a las competencias que el Gobierno de Canarias ha solicitado traspasar, Torres se muestra cauto. Recalca que, hasta la fecha, la administración canaria no había presentado solicitudes formales en un tiempo considerable, lo que cuestiona la urgencia de estas demandas. Su enfoque se centra en la necesidad de ser serios en el análisis y en la gestión política.
Esta compleja situación en el ámbito autonómico se presenta como un desafío tanto para el Gobierno de Canarias como para el central. La capacidad de diálogo y el respeto por los procesos democráticos serán fundamentales para avanzar hacia una solución que beneficie a todos los ciudadanos canarios en un momento en que la estabilidad política es más crucial que nunca.