En los últimos días, la actuación del Gobierno de España, junto con el Gobierno de Canarias, ha puesto de manifiesto una preocupante falta de coherencia y planificación en la gestión de asuntos que afectan a la población canaria. Esta situación no es un hecho aislado, sino que refleja una tendencia de improvisación y desprecio hacia Canarias, evidenciada por mensajes contradictorios y la ausencia de una estrategia clara.
Un ejemplo significativo es el caso del crucero MV Hondius, que ha registrado contagios de hantavirus a bordo. Este episodio resalta la falta de liderazgo político en la gestión de crisis. En menos de 24 horas, se han dado posicionamientos contradictorios de las distintas instituciones involucradas, culminando en una decisión impuesta por el Ministerio de Sanidad, que pasó de rechazar el atraque del barco a aceptar su traslado desde aguas cercanas a Cabo Verde, basándose en una solicitud de la OMS.
Este tipo de decisiones unilaterales del gobierno de Madrid no pueden analizarse de manera superficial, ya que reflejan un marco de relación problemático entre Canarias y el Estado. Se requiere un debate más profundo sobre las consecuencias recurrentes de esta relación colonial, que afecta la dignidad de los canarios. Es necesario defender una gestión que sea ordenada y respetuosa con los derechos humanos, algo que ha fallado en años recientes.
Las condiciones de acogida de los migrantes también han sido motivo de preocupación. A diferencia de situaciones pasadas en las que se ofrecieron condiciones inadecuadas, existe la esperanza de que en esta ocasión no se repitan errores del pasado en el tratamiento de las personas que llegan a Canarias. En aquel entonces, muchos de ellos fueron atendidos por voluntarios en el muelle de Arguineguín en Gran Canaria, mientras las instituciones mostraban una preocupante falta de respuesta.
Además, es importante resaltar que el Gobierno de España ha sido criticado por su actitud hacia el pueblo saharahui, viéndose presionado por Marruecos en un contexto internacional. Este debilitamiento de la posición de España ha llevado a que el país no cumpla con su deber de facilitar un proceso de libertad para el pueblo saharahui.
La situación se complica aún más con la presión ejercida sobre Ceuta y Melilla, llevando la “frontera sur” de Europa a las costas canarias. Este tránsito se ha convertido en uno de los más letales para los migrantes que intentan alcanzar la Unión Europea. Las decisiones tomadas han tenido como consecuencia directa un aumento en el número de muertes, lo que resulta inaceptable, dado que la mayoría de los migrantes no desean permanecer en Canarias.
Asimismo, el bloqueo de acuerdos por parte de los gobiernos autonómicos del Partido Popular y Vox ha limitado las oportunidades de encontrar soluciones viables para la migración. Esto evidencia que Canarias no es una prioridad para la derecha española, que toma decisiones sobre la isla que no aceptarían en otras provincias del país.
El Ministerio de Sanidad, así como la Consejería correspondiente del Gobierno de Canarias, han sido criticados por su enfoque en la crisis. Mientras se piden soluciones sobre el atraque del crucero, el sistema público de salud canario continúa sufriendo una degradación, sin que se resuelva la huelga del personal médico ni se ponga fin a la privatización de nuestro sistema de salud.
Además, Canarias carece de sus aguas territoriales y de una zona económica exclusiva, lo que limita su desarrollo y capacidad para gestionar sus recursos de manera efectiva. Sin una resolución a esta falta de soberanía, existe el riesgo de que el archipiélago se convierta en un «territorio» descartable para intereses ajenos a su pueblo.
Por último, el continuo trato desigual de Canarias por parte de un Gobierno que se autodenomina progresista contribuye al crecimiento de la ultraderecha en la región. Esta acumulación de decisiones unilaterales está erosionando los valores democráticos y la convivencia. La respuesta a esta situación es clara: a Canarias solo la salva Canarias.