La Junta de Andalucía ha autorizado una resolución emitida por la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad, la cual amplía el periodo de caza mayor en fincas que no han podido llevar a cabo actividades cinegéticas como monterías, ganchos o batidas a causa de condiciones meteorológicas adversas. Esta medida ha suscitado críticas por parte de Ecologistas en Acción, que advierte sobre sus posibles efectos negativos en la biodiversidad y en actividades relacionadas con el turismo rural y el senderismo.
Según la resolución, los periodos habilitados para la caza mayor fueron establecidos en una normativa anterior, con un periodo general que se extiende desde el 11 de octubre de 2025 hasta el 8 de febrero de 2026. Sin embargo, debido a la lluvia excesiva que ha impedido la realización de las monterías, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente (CSyMA) ha decidido prorrogar el tiempo de caza mayor hasta finales de febrero.
La justificación detrás de esta resolución incluye el supuesto objetivo de controlar enfermedades infectocontagiosas que afectan a la fauna. Sin embargo, se señala que uno de los métodos más eficaces para combatir estas enfermedades son los depredadores naturales, que en lugar de ser protegidos, están siendo perseguidos, lo que genera un desequilibrio poblacional en especies como el ciervo, el jabalí y el gamo.
Además, Ecologistas en Acción ha criticado que esta resolución no se base en informes científicos que evalúen sus repercusiones, ni contemple el impacto que tendrá en la biodiversidad, especialmente ahora que muchas especies inician su época de reproducción. Las monterías, al cerrarse caminos públicos y vías pecuarias, representan un riesgo para los senderistas que frecuentan estas rutas. También se ha destacado que las ciervas están en estado de gestación, lo que podría provocar un aumento del estrés en los animales debido a la presión ejercida por las rehalas de perros.
Esta ampliación del periodo de caza ha generado desconcierto, puesto que la actividad cinegética ha estado en declive en Andalucía durante las últimas décadas. Las licencias de caza han disminuido notablemente, a la mitad en las últimas dos décadas, y actualmente solo hay 87.000 cazadores federados, que constituyen aproximadamente el 1% de la población andaluza. A pesar de los esfuerzos de la Junta de Andalucía por promover la caza, incluyendo subvenciones y campañas educativas, la práctica se ha vuelto minoritaria.
La organización Ecologistas en Acción ha expresado su preocupación por esta entrega a los intereses del sector cinegético, acusando a la Consejería de “Sostenibilidad y Medio Ambiente” de actuar más como una “gestoría de caza” que como un organismo encargado de la preservación de la biodiversidad. Esta situación plantea un desafío para el equilibrio entre el desarrollo de actividades económicas y la conservación del entorno natural en Andalucía.
En el contexto actual, es esencial establecer un diálogo constructivo entre los distintos sectores involucrados, que permita encontrar soluciones que no solo beneficien a la caza, sino que también protejan la riqueza natural de la región y garanticen la seguridad de quienes disfrutan de actividades al aire libre. La decisión de ampliar el periodo de caza mayor podría tener consecuencias a largo plazo que afecten no solo a la fauna, sino también a la imagen de Andalucía como destino turístico y de naturaleza.