El ministro de Transportes, Óscar Puente, se defendió en el Congreso ante las acusaciones del diputado del PP, Eduardo Carazo, sobre la seguridad de la red ferroviaria. Puente afirmó que, en comparación con hace ocho años, «las infraestructuras están hoy mejor». Explicó que el gobierno actual ha invertido 20.924 millones de euros en infraestructura en los últimos dos años, frente a los 9.976 millones de euros del PP en sus últimos dos años de gobierno, destacando que “tienen sus manos fuera”.
En un ambiente de tensión, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, volvió a solicitar la dimisión de Puente, quien aseguró que dimitiría si considerara que no está desempeñando bien su trabajo. Este intercambio de acusaciones se enmarca en las recientes tragedias ferroviarias, incluyendo el accidente de Adamuz que dejó 47 fallecidos, donde la oposición ha criticado duramente la gestión del Gobierno.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió el uso de las balizas V-16 como una medida crucial para la seguridad vial y la prevención de muertes. Explicó que cada año, 25 personas fallecen en España al intentar colocar triángulos de señalización tras un accidente. Marlaska invitó a la diputada del PP, Ana Belén Vázquez, a visitar el Hospital de Parapléjicos de Toledo para entender mejor la importancia de estas balizas, aprobadas hace tres años en el Consejo Nacional de Seguridad Vial.
Por su parte, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, defendió la nueva reforma judicial, destacando que ha sido «avalada y halagada» por expertos en la materia. Afirmó que se ha trabajado en la mejora del sistema judicial, eliminando los juzgados unipersonales, y que el Consejo General del Poder Judicial reporta una reducción de más del 30% en los pleitos del orden jurisdiccional penal. Este cambio permitiría asignar más jueces y magistrados, con la mayor creación de plazas desde la democracia.
La controversia se intensificó cuando Bolaños criticó al PP, sugiriendo que debería unirse al PSOE contra la ultraderecha, en lugar de ser «siervos» de esta tendencia. En respuesta, el diputado Miguel Tellado hizo acusaciones serias sobre la liberación de etarras y la supuesta complicidad del Gobierno con grupos independentistas, lo cual el Gobierno desmentiría más tarde.
En la misma línea, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, defendió la propuesta de regularización de migrantes, argumentando que estas personas contribuirán al sistema fiscal español. Sin embargo, la portavoz popular, Ester Muñoz, cuestionó esta medida, afirmando que la nacionalidad no se regala sino que se gana, y que la regularización masiva estaría fuera del marco legal europeo.
El debate también tocó el tema del accidente de Adamuz, donde Feijóo acusó a Sánchez de mentir y de haber insultado a las víctimas. En su intervención, Sánchez se comprometió a que «se hará justicia» y que el Estado apoyará a los familiares de las víctimas. Él subrayó la necesidad de legislar sobre las redes sociales, enfatizando que el Gobierno tiene la responsabilidad de abordar los problemas que preocupan a los ciudadanos.
El ambiente en el Congreso se prevé crispado, especialmente tras las elecciones en Aragón y Extremadura, donde el PP ve oportunidades para desafiar la administración de Sánchez. Las críticas entre los partidos se intensifican, y tanto el PSOE como el PP parecen estar en una impasse, con el futuro de la política española en un estado de incertidumbre.
En resumen, la situación actual en el Congreso refleja una profunda confrontación entre el Gobierno y la oposición, en un contexto marcado por tragedias recientes y la presión de la extrema derecha. La sociedad española se enfrenta a desafíos significativos en la gestión de la seguridad y la justicia, y las decisiones que se tomen en estos momentos serán cruciales para el futuro del país.
