El acceso a la sanidad privada en Andalucía ha mostrado un crecimiento notable en los últimos años. Según el Barómetro Sanitario de 2024 del Ministerio de Sanidad, el porcentaje de la población con seguro médico privado ha aumentado del 10,4% en 2018 al 23,7% en 2024, lo que representa un incremento cercano al 130%. Este cambio evidencia una transformación en el modelo sanitario andaluz, que está íntimamente vinculado al deterioro observado en el sistema público.
Este fenómeno no debe interpretarse de forma aislada, ya que se inscribe en un contexto marcado por problemas persistentes en la sanidad pública, tales como largas listas de espera y dificultades para acceder a la atención primaria. Cada vez más pacientes son derivados a centros concertados, lo que indica que la situación sanitaria en la comunidad es más desfavorable en comparación con el resto del país, con indicadores de salud peores y una financiación por habitante inferior.
Uno de los aspectos más preocupantes es la atención primaria. Aunque la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía no publica datos sobre tiempos de espera, un grupo de sanitarios jubilados en Málaga ha creado un «observatorio de la sanidad malagueña», logrando cubrir el 74,4% de los centros de AP en la provincia. Este análisis ha permitido revelar que la demora media para conseguir una cita médica se sitúa en torno a los 11 días, la cifra más alta del país según el último Barómetro Sanitario. Además, un porcentaje considerable de pacientes no logra ser atendido en el momento que lo necesita, lo que obliga a muchos a buscar alternativas en el sector privado.
Las listas de espera hospitalarias también continúan creciendo. Datos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de junio de 2025 indican que más de 200.000 pacientes esperaban una intervención quirúrgica, con demoras que alcanzaban hasta 169 días. Para consultas con especialistas, unas 450.000 personas aguardaban más de dos meses, lo que sugiere un colapso progresivo del sistema público.
El aumento en la contratación de seguros privados se relaciona estrechamente con la percepción negativa del sistema sanitario. De acuerdo con el último Barómetro Sanitario, Andalucía es la comunidad peor valorada de España, con solo un 38,8% de los andaluces opinando positivamente sobre su funcionamiento, muy por debajo de la media nacional del 51,6%. Esta diferencia resalta un malestar generalizado que apunta a la gestión del actual gobierno autonómico.
El índice de satisfacción obtenido es de 5,70 puntos, distante de la media nacional de 6,22 y del 6,40 conseguido en 2019. Las críticas se centran especialmente en la atención primaria, que recibe una calificación media de 5,65 puntos, mientras que la media nacional es de 6,29. A pesar de que más del 80% de la población recurre a este nivel asistencial, la satisfacción en Andalucía es menor que en otros territorios, intensificando la percepción de deterioro.
Paralelamente, el incremento del aseguramiento privado va de la mano de una mayor colaboración público-privada. En los últimos años, el gasto en conciertos sanitarios ha ascendido considerablemente, alcanzando más de 594 millones de euros en 2023, un aumento del 40% respecto a 2018. Aunque el porcentaje del gasto sanitario total se mantiene en torno al 4%, el incremento del presupuesto ha aumentado la cantidad destinada a entidades privadas.
Este modelo favorece un trasvase gradual de recursos hacia el sector privado, debilitando el sistema público. La compatibilidad de profesionales entre ambos sistemas también contribuye a aumentar las listas de espera. El crecimiento del aseguramiento privado no solo es el resultado de decisiones individuales, sino que refleja un cambio más profundo en el modelo sanitario andaluz. La falta de financiación, los problemas de gestión y la presión asistencial están llevando a un número creciente de andaluces a pagar de su propio bolsillo para asegurar su atención sanitaria.
A medida que el Gobierno andaluz, dirigido por Moreno Bonilla, sostiene que el presupuesto sanitario ha aumentado, la cuestión central se centra en el uso de esos recursos y si realmente están fortaleciendo el sistema público o consolidando un modelo mixto donde el sector privado tiene un peso mayor.