El contrato para la gestión del agua de Almonte, un municipio con una población de aproximadamente 25.000 habitantes en Huelva, ha generado un intenso debate en la precampaña de las elecciones andaluzas, programadas para el 17 de mayo. Este concurso público, que involucra 200 millones de euros en un acuerdo que durará 25 años, se centra en la provisión de servicios fundamentales como el abastecimiento de agua, el saneamiento y la depuración en áreas como Matalascañas y El Rocío. La controversia ha tomado un cariz significativo debido a la cercanía de las elecciones, que determinarán quién estará al frente de la Junta de Andalucía durante los próximos cuatro años. Además, dos de las empresas en disputa, Aqualia y Gestagua, también están compitiendo por un contrato en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB).
La polémica se intensificó tras la filtración de un correo electrónico que sugiere una posible manipulación de las valoraciones técnicas, incluyendo informes “a la carta” y conflictos de intereses que podrían poner en entredicho la legalidad del proceso de adjudicación. Este correo revela que el técnico que realizó el primer informe para la consultora Aymed, Ángel Francisco Cárdenas, habría presentado dos versiones de la valoración: una con observaciones y otra sin ellas. La Alcaldía de Almonte, liderada por el ex socialista Francisco Bella, ha estado bajo el escrutinio público, dado que el correo indicaba que el consistorio podría haber optado por la versión más beneficiosa del informe.
La situación se complica más al haber sido incorporado un segundo informe, sin observaciones, elaborado por la empresa Are Asesores, que inicialmente no estaba disponible en la plataforma pública de contratación. Este hecho ha suscitado sospechas sobre la transparencia del proceso, ya que la consultora tuvo un papel crucial en la adjudicación del contrato a la UTE Aqualmonte, encabezada por Gestagua. En este contexto, FCC Aqualia ha solicitado al Ayuntamiento que detenga el proceso, argumentando las irregularidades encontradas y pidiendo una investigación exhaustiva para asegurar que el contrato se adjudique de manera justa.
Un informe emitido por un asesor jurídico externo del consistorio, firmado por el catedrático de derecho administrativo Francisco Javier Jiménez de Cisneros, ha alertado que el procedimiento de contratación podría ser «nulo de pleno derecho». Este dictamen afirma que la mesa de contratación infringió la Ley de Contratos del Sector Público al introducir un segundo consultor técnico sin la aprobación del pleno municipal ni la debida publicidad sobre las identidades de los evaluadores, lo cual impide a los licitadores ejercer sus derechos, como la recusación de evaluadores. El documento concluye que las aperturas de los sobres económicos y la propuesta de adjudicación podrían no ser válidas.
Las conexiones de Cárdenas con Aqualia, donde trabajó anteriormente, han generado más dudas sobre la imparcialidad del proceso. En 2008, Cárdenas fue despedido por “gestión irregular” en Algeciras, lo que ha llevado a la empresa a afirmar que, de haber conocido su implicación en este proceso, habrían solicitado su recusación por conflicto de intereses.
La oposición política ha expresado su rechazo al proceder de la administración local. Grupos como Vox, Mesa de Convergencia y Almonte 100×100 han denunciado la falta de transparencia del consistorio. El concejal José Joaquín de la Torre, de Vox, ha criticado el “oscurantismo” presente en el Ayuntamiento y ha señalado que el contrato del agua es solo un ejemplo de una serie de contratos que podrían comprometer el futuro del municipio. Por su parte, Rocío del Mar Castellano, de Mesa de Convergencia, ha descrito la gestión municipal como “absolutamente opaca” y ha exigido una investigación profunda sobre el proceso de adjudicación.
En medio de esta controversia en Andalucía, Gestagua y Aqualia están participando en un concurso público del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) que busca gestionar el servicio de suministro de agua a ocho municipios metropolitanos durante un periodo de 25 años. Este contrato, que podría superar los 900 millones de euros, se ha convertido en una de las licitaciones más relevantes en el sector en Cataluña. Aqualia ha formado una alianza con Global Omnium para presentar una oferta conjunta, mientras que Gestagua competirá como una de las principales operadoras en el proceso de licitación.
Las ofertas serán evaluadas por una mesa de contratación metropolitana, cuyo presidente será Miquel Comino, consejero delegado de Vivienda del AMB y alcalde de Sant Vicenç dels Horts. La mesa de contratación también contará con otros miembros que se encargarán de la supervisión del proceso y de la validación de las ofertas presentadas.