El reciente Pleno de la Asamblea ha puesto en el centro del debate la primera interpelación sobre el impacto del Real Decreto 7/2006. Esta normativa se enfoca en el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, adoptado a nivel estatal. La propuesta fue presentada por el diputado Emilio Guerra, de Coalición por Melilla (CpM), quien advirtió que la ciudad autónoma queda excluida de los alivios fiscales, dado que el IVA no se aplica en su régimen económico local. Guerra acusó al Gobierno de Imbroda de carecer de una adecuada comunicación con el Gobierno central.
Guerra argumentó que el decreto fue diseñado para aliviar la carga fiscal sobre la electricidad, el gas y los carburantes, pero su aplicación en Melilla es inviable debido al IPSI. En su intervención, destacó que “los melillenses enfrentamos esta crisis sin los mecanismos de compensación que están disponibles para el resto de los españoles”. Además, remarcó que esta problemática no es algo nuevo, recordando situaciones similares ocurridas en 2022 durante la guerra de Ucrania.
El dirigente de CpM explicó que esta exclusión se debe a la falta de adaptación normativa a la singularidad fiscal de Melilla. Por ello, cuestionó al Gobierno local sobre si ha llevado a cabo gestiones ante el Ministerio de Hacienda o si ha puesto en marcha mecanismos como el Observatorio Económico o la Comisión de Hacienda para abordar la situación.
Durante su exposición, Guerra advirtió sobre los efectos socioeconómicos en la ciudad, recordando que Melilla tiene un 23% de desempleo y que cerca de la mitad de sus habitantes se encuentra en riesgo de pobreza. Afirmó que, si no se toman medidas, “las familias melillenses seguirán soportando el encarecimiento de sus gastos diarios sin ningún alivio en sus facturas. Contamos con la Ley 8/1991. Es tan sencillo. Existen instrumentos legales a nuestro alcance para mitigar esta situación, que no están disponibles en otras comunidades autónomas”.
Por su parte, el vicepresidente primero del Gobierno, Miguel Marín, respondió a las críticas de Guerra y negó que haya una falta de interlocución institucional. Según Marín, “el Gobierno de España no quiere saber nada ni de Melilla ni de los melillenses”.
El vicepresidente defendió que el Ejecutivo de Imbroda ha estado reclamando mejoras en materia económica, infraestructuras y transporte desde hace varios años, citando acciones relacionadas con la aduana comercial y el transporte marítimo y aéreo, así como inversiones que se han previsto en presupuestos anteriores. En su intervención, reafirmó que estas demandas han sido constantes y debidamente documentadas.
Marín también criticó la postura del diputado de CpM, tildándolo de un partido localista, y le reprochó que proponga asumir desde la ciudad medidas que, en su opinión, deberían corresponder al Estado. “Exigimos al Gobierno de España que asuma su responsabilidad, como lo hace en el resto del país”, destacó Marín. “La interpelación debió ser dirigida a la delegada. Lo indignante es que una melillense, nuevamente, prefiera justificar esta indiferencia en lugar de exigir a Sánchez el mismo trato que reciben los demás españoles”.
Este debate subraya la complejidad de las relaciones entre Melilla y el Gobierno central, así como la necesidad de abordar las particularidades fiscales de la ciudad. Las intervenciones han puesto de relieve no solo la urgencia de una respuesta efectiva a la crisis, sino también la importancia de garantizar que los mecanismos de apoyo fiscal se apliquen de manera equitativa en todas las regiones del país. La situación en Melilla es un ejemplo de cómo las decisiones administrativas pueden afectar directamente a la vida diaria de los ciudadanos, especialmente en momentos de crisis económica.
