El presidente andaluz, Juanma Moreno, hizo un anuncio significativo la semana pasada al declarar que Andalucía será la primera comunidad autónoma en establecer una ratio máxima de 22 alumnos por clase en Educación Infantil y Primaria a partir del próximo curso escolar. Esta medida busca mejorar la calidad educativa y se implementará de forma progresiva, comenzando por los niños de 3 años. La decisión se anticipa a la normativa nacional y representa un nuevo estándar en el sistema educativo de la región.
La razón detrás de esta acción se enmarca en un contexto de infrafinanciación que sufre Andalucía, que ha dejado de percibir aproximadamente 1.500 millones de euros anuales desde 2009. Este déficit ha generado un impacto negativo en la inversión en políticas educativas, con un déficit actual que supera los 600 millones de euros. La situación ha llevado al Ayuntamiento de Linares a reclamar un trato más equitativo por parte del Gobierno de España en cuanto a la financiación educativa.
La Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular destaca las desigualdades en la financiación, señalando que Andalucía ha tenido que asumir en solitario varios gastos relacionados con la educación, como la gestión de becas para alumnado no universitario y la implementación de nuevas leyes en Formación Profesional. Estas cargas han aumentado la presión sobre el presupuesto educativo de la Junta de Andalucía, que ha ejecutado más de 2.600 actuaciones de construcción y modernización de infraestructuras educativas desde 2019, invirtiendo más de 600 millones de euros.
Además, la falta de apoyo financiero del Gobierno central ha significado que Andalucía no haya podido destinar fondos europeos a mejorar la gratuidad en el primer ciclo de Educación Infantil. A pesar de que el Gobierno español había anunciado un plan de adaptación climática para los colegios que incluía una inversión de 200 millones de euros, esa promesa no se ha materializado, lo que agrava aún más la situación de las infraestructuras educativas en la comunidad.
La Proposición enfatiza que el Gobierno de Andalucía ha duplicado la inversión en educación desde 2018, alcanzando una cifra récord de 956 millones de euros para 2026. Esta inversión se traduce en un aumento de becas, comedores y transporte escolar, lo que refuerza el compromiso con una educación pública inclusiva. No obstante, el PSOE-A ha criticado la negativa del Gobierno andaluz a aceptar la financiación autonómica que podría haber aportado 4.850 millones adicionales para la región.
Con el objetivo de seguir avanzando en la mejora educativa, la PNL destaca la necesidad de un plan nacional que garantice la renovación de infraestructuras educativas, enmarcado en criterios de equidad y con financiación suficiente. Este desarrollo es vital para que Andalucía continúe siendo un referente en equidad educativa a nivel nacional.
La situación actual refleja la magnitud del conflicto entre las necesidades educativas de Andalucía y la respuesta del Gobierno central. La comunidad espera que se tomen medidas que ayuden a cerrar la brecha de financiación y que se permita a los alumnos acceder a una educación de calidad, en un entorno que favorezca su desarrollo óptimo.