El Gobierno español ha dado luz verde a la liberación de hasta 11,5 millones de barriles de petróleo, lo cual representa aproximadamente 12,3 días de consumo nacional. Esta medida se enmarca en la elaboración del plan anticrisis que el presidente Pedro Sánchez presentará este viernes, tras su aprobación en un Consejo de Ministros extraordinario.
Durante una rueda de prensa celebrada tras el Consejo ordinario de este martes, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, destacó que uno de los principales desafíos que enfrenta el Ejecutivo es implementar acciones que eviten que la subida de precios de la gasolina, el diésel y los fertilizantes afecte a la economía en su conjunto. Cuerpo subrayó que, aunque España se encuentra mejor preparada para lidiar con una crisis de precios en comparación con el año 2022, cuando tuvo lugar la invasión rusa a Ucrania, los incrementos actuales son significativos: la gasolina ha aumentado un 16%, el gasóleo un 28% y los precios de los fertilizantes entre un 40% y un 50%.
El plan que se está diseñando para responder a la crisis derivada del conflicto con Irán está orientado a mitigar el impacto a corto plazo, especialmente en sectores vulnerables como el transporte, la logística, la agricultura, la pesca y las industrias que dependen en gran medida de la energía. Aunque Cuerpo evitó dar detalles específicos sobre las medidas, mencionó que se está considerando la posibilidad de rebajar la factura de la electricidad y compensar el encarecimiento de los combustibles, aunque no a través de bonificaciones.
El ministro también expresó reservas sobre la bonificación de 0,20 euros por litro de combustible implementada tras la crisis en Ucrania, sugiriendo que esta medida podría no ser la más adecuada debido a sus efectos regresivos y su impacto negativo en las gasolineras más pequeñas. Asimismo, aclaró que, por el momento, se descarta una reducción del IVA en los alimentos, aunque no se excluye la posibilidad de adoptar medidas adicionales si la crisis se prolonga y afecta a los supermercados.
Cuerpo evitó aclarar si el plan incluirá medidas relacionadas con la vivienda, una preocupación compartida por los socios del Gobierno. No obstante, indicó que, hasta la fecha, no se observan efectos negativos en este ámbito. «Estamos en un contexto donde el alcance de las medidas del real decreto ley del viernes debe ajustarse al impacto que estamos observando», comentó al ser cuestionado sobre las presiones de su coalición en esta área.
Recientemente se ha conocido que el PSOE ha ofrecido a Sumar la opción de limitar al 2% la actualización anual del precio de los alquileres residenciales firmados antes de la entrada en vigor de la ley de vivienda, que se aprobó el 26 de mayo de 2023. Aunque Sumar considera que esta medida es insuficiente, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha señalado que se trataría de una decisión «de sentido común».
En resumen, el Gobierno se enfrenta a un reto considerable para gestionar la crisis de precios, implementando medidas que sean efectivas y que no derrumben el tejido económico de España. La importancia de este plan anticrisis radica en su capacidad para proteger a los sectores más vulnerables y evitar que la situación actual afecte a la estabilidad económica del país en el futuro.
