La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda del Gobierno de España, María Jesús Montero, ha declarado este miércoles que el plan destinado a mitigar los efectos de la guerra en Irán se centrará únicamente en «las medidas con consenso». Esta afirmación se produce en un contexto donde aún se están llevando a cabo negociaciones con Sumar para incluir algún tipo de apoyo a los inquilinos de viviendas de alquiler.
Montero destacó que «no vamos a traer un decreto ley para que otros grupos lo rechacen», haciendo referencia a las advertencias de Junts durante la sesión de control, donde se les indicó que intentar «blanquear la ocupación» podría resultar contraproducente. Esto se relaciona con el paquete de medidas que se planea aprobar el 20 de enero, el cual incluye una moratoria para los desahucios.
A pesar de considerar la vivienda como una política «prioritaria para los españoles», la vicepresidenta ha señalado que hay propuestas que no cuentan con el respaldo unánime de todos los grupos parlamentarios. Las conversaciones continúan entre PSOE y Sumar, tal como ha sido evidente en los pasillos del Congreso, donde la ministra de Sanidad, Mónica García, afirmó que es «seguro» que el decreto anticrisis incluirá aspectos relacionados con la vivienda. Sin embargo, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, matizó que «no tan seguro diría yo, vamos a trabajarlo».
Desde el lado de Sumar, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha manifestado que está «peleando» para que se contemple la prórroga de los contratos de alquiler que vencen este año, así como la congelación de los precios de los alquileres. Esta solicitud ha encontrado apoyo también en EH Bildu y Compromís, quienes han instado a los socialistas a no eludir el tema de la vivienda amparándose en grupos nacionalistas de derecha.
Por su parte, la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, hizo un llamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidiéndole que «no se la juegue esta vez» y que «aparte las propuestas más extremas». Aunque expresó su conformidad con el primer avance de contenido presentado por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, advirtió sobre la necesidad de evitar un decreto ómnibus que combine medidas con las que no todos los grupos estén de acuerdo. «Creemos que es una necesidad llegar a acuerdos en estos temas tan importantes y que nos preocupan tanto», añadió.
En cuanto al presidente, él ha instado a la ciudadanía a mantener la «tranquilidad y paciencia», reafirmando que el decreto ley incluirá medidas temporales para proteger a hogares, empresas y trabajadores, así como medidas estructurales que buscan transformar el sistema energético, aumentando la autonomía ante crisis que no están relacionadas con la economía española.
El portavoz económico de EH Bildu, Oskar Matute, dirigió una pregunta a la ministra Montero sobre el decreto y solicitó que se incluyan «medidas claras» y que se atrevan a «intervenir» en el mercado para proteger a la población. Entre sus demandas, mencionó la recuperación de impuestos a las empresas energéticas, la regulación del precio de la electricidad y el gas, así como la prohibición de cortes de suministro básico para aquellos que no puedan hacer frente a los pagos.
Entre las medidas temporales que se prevé incluir, se encuentra la rebaja del impuesto especial sobre la electricidad que los consumidores abonan en sus facturas, tras el reconocimiento por parte de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, de que este fue un recurso efectivo para mitigar el impacto de la guerra en Ucrania. Asimismo, se está evaluando «la mejor medida» para suavizar el aumento de los precios de los carburantes, después de que la bonificación de 0,20 euros no lograra el efecto deseado en su aplicación anterior hace cuatro años.
