La ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero, ha revelado la intención del Gobierno de España de utilizar el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) como un mecanismo de sanción para aquellos propietarios que incrementen los precios de los alquileres.
Según información publicada por ‘El País’, esta medida de penalización se aplicaría únicamente en casos de subidas al finalizar el contrato, excluyendo los ajustes anuales permitidos por la ley, que normalmente se basan en el IPC.
Desde el Ministerio de Hacienda se están llevando a cabo negociaciones con distintos grupos parlamentarios respecto a esta propuesta. Este diálogo surge tras la oposición firme de los socios del Gobierno a la iniciativa que planteaba otorgar una bonificación del 100% en el IRPF para los arrendadores que mantuvieran los precios estables durante la renovación de contratos de vivienda.
En la actualidad, existen diversas reducciones y deducciones estatales disponibles para los propietarios que alquilan viviendas. Estas ventajas podrían ser modificadas con la nueva propuesta que está siendo discutida entre los ministerios de Hacienda y Vivienda.
Dentro de las nuevas intenciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez, también se considera la posibilidad de restringir los contratos de temporada. El objetivo es establecer condiciones estrictas que definan qué contrato puede ser clasificado como de temporada y crear un régimen de sanciones para quienes incumplan la normativa estatal sobre alquileres de corta duración.
Adicionalmente, se busca regular el alquiler por habitaciones. El Gobierno planea extender las garantías de alquiler habituales a este tipo de contratos, estableciendo que el total de la renta por habitaciones no podrá superar el precio del alquiler de la vivienda completa. Además, en áreas declaradas como ‘tensionadas’, se aplicarán mecanismos de control de rentas establecidos en la ley de vivienda.
Actualmente, el Ministerio de Hacienda mantiene reducciones en el IRPF para aquellos que pongan su vivienda habitual en alquiler. Según la Ley por el Derecho a la Vivienda, los propietarios que firmen contratos antes del 26 de mayo de 2023 pueden beneficiarse de una reducción del 60%, lo que significa que solo declararían el 40% del rendimiento neto obtenido por el alquiler.
Para contratos firmados después de esta fecha, las reducciones se sitúan en un 50%, pudiendo incrementarse hasta un 60% si la vivienda ha sido rehabilitada en los dos años previos a la firma del contrato, o incluso hasta un 70% si se incluye en un programa público de alquiler a precio de mercado.
Sin embargo, con las nuevas penalizaciones que el Gobierno está considerando, la reducción general del 50% podría disminuir si el propietario decide aumentar el alquiler, incluso llegando a desaparecer por completo.
En las zonas clasificadas como ‘tensionadas’, el Ministerio de Hacienda ofrece incentivos a los caseros, otorgando reducciones del 70% si alquilan por primera vez a inquilinos de entre 18 y 35 años, y del 90% si la renta en un nuevo contrato se reduce en más de un 5%.