El Gobierno de España, compuesto por el PSOE y Sumar, ha decidido no tramitar los 86 expedientes enviados por la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, desde 2019. Estos expedientes buscaban el retorno a sus países de origen de menores migrantes bajo la responsabilidad de la administración regional. Según información obtenida a través de la ley de transparencia, esta situación ha creado un grave conflicto en el que los más perjudicados son los menores.
Las autoridades madrileñas han intentado utilizar la reagrupación familiar para trasladar a jóvenes que presentan “dificultades de adaptación” o que están involucrados en situaciones de violencia. Sin embargo, el Ejecutivo central considera que este enfoque elude sus responsabilidades, afectando el interés superior de los menores. Un dato relevante es que las solicitudes de Madrid representan más del triple de las reunificaciones familiares que se han llevado a cabo en diversas regiones durante un periodo similar.
Un portavoz del departamento dirigido por el delegado Francisco Martín ha defendido la decisión de no tramitar estos expedientes, afirmando que se han priorizado las garantías necesarias para el retorno de los menores. Según este representante, “se rechaza ante la falta de garantías en su posible retorno, por lo tanto, prima el interés superior del menor”. Esta postura recalca la necesidad de que la Comunidad de Madrid cumpla con sus obligaciones de tutela respecto a estos jóvenes.
La política migratoria ha sido un punto de fricción constante entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid desde que Isabel Díaz Ayuso asumió la presidencia en agosto de 2019. La Comunidad ha intentado recurrir a todas las instancias posibles para gestionar el reparto de migrantes decidido por el Gobierno central, especialmente ante la presión que enfrenta el sistema de servicios sociales en Canarias. Además, ha solicitado que el Estado asuma la responsabilidad de unos 50 solicitantes de asilo mientras incrementa sus peticiones de repatriación.
En rueda de prensa, Miguel Ángel García Martín, portavoz del Gobierno de Díaz Ayuso, calificó de “irresponsable” la inacción del Gobierno central, criticando la falta de medidas para abordar la crisis migratoria en el país. Por su parte, el portavoz de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila-Ponce de León, ha destacado que los menores en cuestión presentan perfiles complicados, incluyendo comportamientos problemáticos y dificultades de integración. Según él, el Gobierno no ha tomado medidas efectivas para abordar esta situación.
Las cifras que manejan las autoridades son reveladoras. Desde 2019, la Comunidad de Madrid ha solicitado 86 reagrupaciones, entre las cuales se incluirían casos de jóvenes vinculados a episodios violentos. En contraste, entre 2019 y abril de 2025, el Estado únicamente ha ejecutado 23 reunificaciones familiares a partir de solicitudes de distintas comunidades, con todas ellas realizadas por motivos humanitarios.
Algunos ejemplos de reunificaciones exitosas incluyen la repatriación de un bebé en Galicia en 2019, y dos hermanos pequeños en Andalucía en 2022, quienes fueron devueltos a su hogar tras haber estado en un centro de acogida. La Administración central, al revisar estos casos, consideró que la repatriación mejoraba la situación de los menores, lo que contrasta con los perfiles de aquellos que Madrid desea repatriar en la actualidad. El Gobierno regional, sin embargo, se niega a facilitar detalles como la edad o el país de origen de los menores seleccionados, argumentando que podría llevar a su identificación.
El director general de la Policía, Francisco Pardo, ha aclarado que “en ningún caso se producen expulsiones o devoluciones de menores migrantes”. Esta afirmación subraya que cualquier retorno debe tramitarse por la vía de la repatriación y siempre respetando el interés superior del menor. Pardo indicó que no existe un acuerdo que obligue a devolver a estos menores, desviándose así de la perspectiva punitiva que ha adoptado la Comunidad de Madrid.
La coordinadora del Programa de Defensa Jurídica en Fundación Raíces, Paloma García de Viedma, también ha subrayado que la reunificación de menores migrantes con sus familias es una prerrogativa de las entidades de protección, que deben evaluar de manera individual cada caso para determinar la solución más adecuada. “Lo verdaderamente importante es que se proteja adecuadamente el interés superior de cada menor”, afirmó.
Este conflicto entre el Estado y la Comunidad de Madrid refleja una realidad cada vez más compleja para cientos de adolescentes que se encuentran en una situación de incertidumbre respecto a su futuro, que podría estar en España o en sus países de origen. La falta de un marco claro para gestionar estos casos podría acentuar aún más su vulnerabilidad en el sistema migratorio actual.