El Gobierno español ha activado a la Abogacía del Estado para encontrar una solución legal al conflicto generado por el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht, Países Bajos. Este inmueble es propiedad del Estado desde 1972. Este martes, las autoridades manifestaron su confianza en que el recurso que se presentará «debería suspender el procedimiento», independientemente de las acciones que pueda tomar el Ministerio de Justicia neerlandés.
Los abogados del fondo japonés que ha solicitado el embargo ya están considerando los próximos pasos para recuperar parte de los 106 millones de euros que España debe a sus clientes. Esta deuda se origina por el impago de un laudo arbitral relacionado con inversiones en energías renovables. Según un comunicado al que ha tenido acceso la prensa, el fondo planea organizar una subasta para vender el inmueble y que los acreedores puedan obtener los fondos correspondientes.
El fondo, conocido como Eurus y perteneciente al grupo Toyota, realizó una inversión hace dos décadas en una instalación de energías renovables en España. Se sintió atraído por las primas que ofrecía el Estado, pero se vio afectado por la decisión del Gobierno de retirar esas ayudas. Tras esta situación, Eurus acudió a la justicia en Países Bajos para tratar de obtener al menos una parte de la compensación que le fue concedida por la Corte Internacional de Arbitraje.
En este contexto, los acreedores han aprovechado que el sistema judicial de Países Bajos reconoce los laudos de las cortes internacionales de arbitraje como si fueran sentencias propias. Esto permite la confiscación de activos del deudor en pasos que buscan hacer efectivos los derechos reconocidos en esos laudos. Esto fue lo que llevó al embargo de la sede del Instituto Cervantes, un bien cultural que, según los argumentos del Gobierno, no puede ser considerado clave para su política diplomática.
La decisión favorable al embargo, emitida por un tribunal del distrito de La Haya, dio inicio a un proceso administrativo. En este procedimiento, un agente judicial toma control del activo en cuestión y posteriormente lo transfiere al reclamante, un proceso que ya ha sido formalizado en el Registro Público.
Para contrarrestar esta situación, el Gobierno de España ha decidido recurrir a la Abogacía del Estado con el objetivo de detener el proceso de embargo. Confían en que lo lograrán mediante un simple recurso. Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica, que representa al Reino de España en todo lo relacionado con las compensaciones por las primas a las renovables, atribuyen el cambio de titularidad a las «peculiaridades» del sistema legal de Países Bajos. Creen que hay posibilidades de frenar esta maniobra.
Este caso resalta la complejidad de las relaciones comerciales y judiciales en el ámbito internacional, y cómo decisiones políticas locales pueden tener repercusiones que se extienden más allá de las fronteras nacionales. La situación del Instituto Cervantes en Utrecht se convierte así en un símbolo de los desafíos que enfrenta España en materia de inversiones y su cumplimiento en el ámbito internacional.