El panorama económico de España se enfrenta a un desafío significativo, ya que el país podría perder hasta 1.100 millones de euros de los fondos europeos en el primer trimestre de 2026 si no se implementan las reformas necesarias. Este contexto surge tras el quinto desembolso de fondos europeos Next Generation recibido por el Gobierno de Pedro Sánchez en julio de 2025. Aunque la cantidad total de fondos ascendía a 25.000 millones de euros, una parte de esta suma fue congelada debido a que España no cumplió con los requisitos establecidos por Bruselas, específicamente en relación con la reforma del impuesto al diésel y la actualización de la función pública.
El Gobierno español se ha visto limitado en su capacidad de aprobación de estas medidas debido a una debilidad en el Parlamento. El impuesto al diésel es un asunto que ha estado presente en la agenda desde antes de 2020, ya que la Unión Europea exige ajustes en la fiscalidad que equiparen este gravamen con el de la gasolina, en el marco del Plan de Recuperación y Resiliencia.
El Ministerio de Hacienda había prometido aumentar la recaudación en aproximadamente 1.600 millones de euros durante el primer semestre del año gracias a este ajuste. Sin embargo, solo se logró una aprobación parcial de la reforma fiscal en noviembre de 2024, donde se validó el impuesto a la banca, mientras que el incremento del impuesto al diésel quedó bloqueado por la oposición de Podemos en el Congreso. Esta situación ha generado tensiones, ya que la formación morada condicionaba su apoyo a la aprobación de un impuesto sobre las energéticas, lo que ha dificultado aún más el avance de las reformas necesarias.
El Gobierno tiene hasta el 21 de marzo para conseguir la aprobación de estas medidas, de lo contrario, corre el riesgo de perder el acceso al quinto pago del Plan de Recuperación. A pesar de las reiteradas afirmaciones del Ejecutivo sobre su confianza para cumplir los plazos, la falta de apoyos parlamentarios se ha vuelto una preocupación evidente. Aun así, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aseguró que se está trabajando para tener todo aprobado lo antes posible, destacando la necesidad de avanzar en ambos frentes: la política interna y la obtención de los fondos europeos.
Si el Gobierno no consigue la aprobación antes de la fecha límite, la UE permite la posibilidad de solicitar prórrogas mensuales para continuar avanzando en la normativa. En este caso, Europa desbloquearía los fondos de forma progresiva, dependiendo de los avances que se realicen en la implementación de las reformas requeridas.
En cuanto a la segunda reforma relacionada, Bruselas ha instado a España a actualizar su modelo de Función Pública, buscando establecer normas eficaces para la gestión del personal público y abordar desafíos contemporáneos como la digitalización y la eficiencia. Uno de los puntos más cruciales es la reducción de la alta tasa de temporalidad en el empleo público, que actualmente es la más elevada de Europa. La UE ha expresado su insatisfacción con la manera en que España ha manejado esta cuestión, lo que también ha llevado a la congelación de parte de los fondos hasta que se implemente una solución efectiva.
La Unión Europea no solo insiste en la reducción de la temporalidad, sino que también exige medidas disuasorias contra el abuso de contratos temporales en la administración. Según sus evaluaciones, la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad (Ley 20/2021) no satisface los requisitos, especialmente porque carece de sanciones claras para evitar abusos en la contratación de interinos.
En respuesta a estas demandas, el Ministerio de Función Pública ha propuesto modificar la legislación vigente con dos enfoques principales: restringir los motivos legales para la contratación temporal y establecer sanciones administrativas para aquellas administraciones que no cumplan con los objetivos de reducción de la temporalidad. Sin embargo, el planteamiento no incluye la ampliación de indemnizaciones para el personal temporal, un aspecto que ha sido cuestionado por Bruselas y el Tribunal de Justicia de la UE.
Dada la situación actual, se ha optado por introducir cambios en diversas leyes en lugar de aprobar una reforma exhaustiva centrada únicamente en la temporalidad. Esta estrategia ha llevado a la inclusión de modificaciones en un proyecto de ley más amplio que aborda la organización de las carreras judicial y fiscal. A pesar de las enmiendas presentadas por diferentes grupos políticos, el enfoque sigue siendo parcial y no aborda de manera directa la problemática de la temporalidad.
Con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las exigencias europeas, el Gobierno realizó una revisión del Plan de Recuperación en enero, que fue aprobada por el Ecofin el 20 de enero. Esta revisión reduce las previsiones de créditos a 22.000 millones de euros, mientras que la meta de subvenciones se mantiene en 79.854 millones de euros. La intención es evitar compromisos que requieran ratificación parlamentaria, dado el contexto actual de dificultades para lograr acuerdos en el Congreso.
