El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha iniciado hoy un proceso de consulta pública que busca modificar el Real Decreto 666/2023, aprobado el 18 de julio, el cual se ocupa de la regulación de medicamentos veterinarios. Esta revisión tiene como objetivo principal simplificar y mejorar la aplicación de la normativa vigente en este ámbito.
La propuesta de modificación responde a un mandato específico establecido en la disposición adicional cuarta de la Ley 7/2025, promulgada el 28 de julio. Esta ley establece la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública y actualiza la Ley 33/2011 sobre Salud Pública en general. En este contexto, la nueva regulación busca adaptarse a las necesidades actuales del sector veterinario, promoviendo un entorno más eficiente para la prescripción y uso de medicamentos.
El diálogo entre el Ministerio de Agricultura y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha sido fundamental para la elaboración de esta modificación. Según fuentes ministeriales, este proceso participativo ha permitido identificar áreas clave en las que se puede mejorar la regulación vigente. Se espera que la modificación resultante no solo facilite la aplicación de la normativa, sino que también reduzca las cargas administrativas que enfrentan los veterinarios.
Entre los cambios más destacados se encuentra la mejora en el régimen de cesión de medicamentos, así como la clarificación en la prescripción y uso de antibióticos. Además, se prevé una disminución en la burocracia asociada al Sistema Informático Central de Control de Prescripciones Veterinarias de Antibióticos, conocido como Presvet. Estos ajustes son necesarios para responder a una realidad que exige una regulación más flexible y adaptada a las circunstancias actuales del sector.
La consulta pública ya está disponible a través de un enlace proporcionado por el Ministerio, permitiendo a los profesionales del sector y a otros interesados manifestar sus opiniones y sugerencias sobre esta propuesta. Este ejercicio de participación busca involucrar a todas las partes interesadas en la mejora del marco regulatorio, asegurando que la nueva normativa sea efectiva y consensuada.
A medida que se avanza en este proceso, queda claro que la colaboración entre las instituciones y el sector privado es clave para lograr una regulación que beneficie tanto a los profesionales veterinarios como a la salud pública en general. La modificación del Real Decreto podría tener un impacto significativo en la forma en que se gestionan los medicamentos veterinarios en el país, lo que subraya la importancia de este tipo de iniciativas en el ámbito de la salud animal y la seguridad alimentaria.
