El Ministerio de Juventud e Infancia está planteando la prohibición de que los menores de edad participen o asistan a actividades que impliquen violencia contra los animales, tales como las corridas de toros. Esta iniciativa se enmarca en un esfuerzo por reformar la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi).
La titular del departamento, Sira Rego, ha destacado que para que esta reforma avance, necesita del respaldo del Ministerio de Justicia, dirigido por Félix Bolaños. No obstante, aún no se han establecido plazos concretos para su aprobación. Una vez que se logre el consenso, será necesario que el Congreso de los Diputados valide esta propuesta.
Esta medida responde a una recomendación del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, que en 2018 instó a España a prohibir la asistencia de menores de 18 años en eventos que puedan tener efectos nocivos sobre su desarrollo emocional. En este sentido, el proyecto busca prevenir los riesgos asociados a la exposición a la violencia, que puede desensibilizar a los jóvenes y afectar negativamente su capacidad de empatía.
En el contexto de una reciente reunión del Comité de Derechos del Niño, la ministra Rego informó sobre la inclusión de esta prohibición en la propuesta de reforma de la Lopivi. La exposición de motivos de la norma argumenta que las actividades en las que se presenta la violencia pueden conllevar riesgos significativos para la integridad física y psíquica de los menores.
La propuesta de reforma también contempla otros aspectos relevantes. Por un lado, se establece la obligatoriedad de escuchar a los menores en procesos judiciales que les afecten, sin importar su edad. Actualmente, esta obligación se aplica a partir de los doce años, pero la nueva normativa busca ampliar el rango de atención a todos los menores.
Adicionalmente, la reforma propone extender en una década la prescripción de los delitos sexuales contra la infancia, de manera que el plazo de prescripción no comience hasta que la víctima cumpla 45 años, en lugar de 35 como es actualmente. También se incorporará la violencia de género en la lista de delitos que impiden a los profesionales trabajar con menores de edad.
Otro de los aspectos destacados de la norma es el reconocimiento de la violencia institucional, lo que implica que cualquier omisión o práctica que comprometa la protección de los menores será identificada y reparada. Según Rego, este es un avance significativo, ya que es la primera vez que se incluirá este tipo de violencia en una ley estatal.
La ministra ha asegurado que el texto está prácticamente listo y que únicamente queda incorporar las últimas aportaciones del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes antes de su aprobación en el Consejo de Ministros. Se espera que esta reforma tenga un impacto positivo en la protección de los derechos de la infancia en España.