La reciente declaración de la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, sobre los avances en la conexión ferroviaria entre la estación de Santa Justa y el aeropuerto de Sevilla ha generado un considerable escepticismo. Desde el Observatorio de Infraestructuras de la Cámara de Comercio, se ha calificado esta promesa como el “enésimo engaño del Gobierno central” hacia la ciudad.
Según palabras de Juan Aguilera, gerente de la Asociación Empresarial de Promotores y Constructores (Gaesco), los comentarios de Montero sugieren que la obra estará lista antes del verano. Sin embargo, Aguilera recuerda que este proyecto fue incluido en el PGOU de 2006, lo que significa que lleva más de dos décadas aguardando su ejecución. En 2009, incluso se adjudicó a través de un doble túnel al aeropuerto, y se esperaba que también facilitara la conexión de alta velocidad entre Sevilla y Málaga.
Aguilera criticó aún más la afirmación de Montero, subrayando que un informe del consejo asesor del Ministerio de Transportes ya había desaconsejado la creación de una línea de Cercanías al aeropuerto, recomendando un análisis más exhaustivo. Este estudio fue encargado en 2023 y tenía un plazo de dos años para su elaboración, que finaliza el 9 de marzo de 2025, aunque todavía no se conocen los resultados.
El gerente de Gaesco también señala que lo que realmente se va a aprobar antes del verano es solo el estudio del proyecto de la conexión ferroviaria, que luego deberá someterse a un periodo de información pública, así como a un análisis de alegaciones, declaración de impacto ambiental y otras etapas necesarias. Aguilera enfatiza que toda esta burocracia podría alargar aún más el proceso, lo que podría ser interpretado como otra falta de compromiso del Gobierno con Sevilla.
La historia de promesas incumplidas en lo que respecta a infraestructuras en Sevilla es larga. Aguilera menciona el caso del túnel de la SE-40, que fue adjudicado hace 20 años y cuya construcción fue cancelada, vendiendo incluso la tuneladora como chatarra. En su lugar, se optó por un puente de 3,6 km, cuyo proyecto original tiene un plazo de redacción de 4 años y 3 meses. A este ritmo, los plazos se multiplican considerablemente, lo que refuerza la percepción de que el Gobierno carece de voluntad política para llevar a cabo estas iniciativas.
Las declaraciones de Aguilera reflejan una creciente frustración entre los profesionales del sector, quienes ven en estas promesas una falta de seriedad por parte del Gobierno central. La necesidad de una infraestructura eficiente y actualizada es crítica para el desarrollo de la región y podría ofrecer un impulso significativo al crecimiento económico de Sevilla y su entorno.
Sigue habiendo incertidumbre respecto a cuándo se verán resultados tangibles en proyectos vitales como estos, y la comunidad empresarial está a la espera de que el compromiso político defina un camino claro hacia la mejora de las conexiones y del transporte en la región.
