El vicesecretario de Vivienda del Partido Popular en Andalucía, Manuel Francisco García, ha resaltado la importancia de la nueva ley andaluza que busca abordar el acceso a la vivienda. Esta legislación, impulsada bajo el liderazgo del presidente Juanma Moreno, se presenta como una alternativa a las políticas del Gobierno de España que, según él, han fracasado en este ámbito.
García ha criticado la normativa promovida por el Gobierno central, afirmando que ha generado una disminución en la oferta de viviendas, un aumento en los precios y una gran inseguridad jurídica tanto para propietarios como para inquilinos. En cambio, el Gobierno andaluz ha diseñado una ley que, según el vicesecretario, fomenta la construcción, agiliza los procesos administrativos y refuerza la confianza en el mercado inmobiliario.
El Ayuntamiento de Linares y la Junta de Andalucía han desplegado un plan que prevé la construcción de 20.000 viviendas protegidas en cinco años. García ha señalado que, hasta el momento, se han logrado crear 2.200 viviendas protegidas y se espera la entrega de más de 1.300 en alquiler antes de junio. Esta acción se complementa con un decreto-ley de medidas urgentes, el cual ha permitido activar 2.280 viviendas protegidas en un periodo de solo seis meses.
El papel de la consejera de Fomento, Rocío Díaz, también ha sido destacado por García. Según él, Díaz ha liderado la creación de una legislación que tiene como objetivo incrementar la construcción de viviendas protegidas, optimizar el uso del suelo, simplificar la burocracia y asegurar la protección jurídica. “Esta ley está diseñada para beneficiar a las personas y hacer realidad sus proyectos de vida”, ha añadido el vicesecretario.
El proyecto ha sido presentado como un modelo de éxito, con Andalucía posicionándose como un referente en la promoción de viviendas protegidas. García ha mencionado que la nueva ley incorpora medidas como la ampliación de la bolsa de suelo, la colaboración entre el sector público y privado, y el impulso a la rehabilitación de edificios, lo que facilitará la creación de más viviendas.
Además, ha hecho hincapié en que la legislación andaluza refuerza la protección contra la ocupación ilegal y promueve el derecho a la vivienda sin causar conflictos entre ciudadanos ni penalizar a quienes cumplen con la normativa. En este contexto, ha pedido una ley nacional que aborde el problema de la ocupación, reclamando que el Gobierno andaluz carece de competencias para actuar en este ámbito por sí solo.
Concluyendo su intervención, García ha afirmado que la nueva Ley de Vivienda de Andalucía constituye “una enmienda a la totalidad” al modelo del Gobierno de Pedro Sánchez. Según él, esta normativa demuestra que es viable garantizar el derecho a la vivienda en la comunidad, planteando un cambio significativo en la política habitacional de la región.
