El vicesecretario de Vivienda del PP de Andalucía, Manuel Francisco García, ha destacado la importancia de una nueva ley que busca mejorar el acceso a la vivienda en la comunidad autónoma. Esta normativa se considera pionera a nivel nacional y es fruto del trabajo del Gobierno de la Junta de Andalucía, bajo la dirección del presidente Juanma Moreno.
Durante su intervención, García subrayó que la nueva legislación responde a las carencias provocadas por las políticas implementadas por el Gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez. Según él, estas políticas han generado una disminución en la oferta de viviendas, un aumento en los precios y una gran inseguridad jurídica tanto para propietarios como para inquilinos. “La normativa actual debe corregir estos problemas, ofreciendo un modelo que incentive la construcción y reduzca la burocracia”, afirmó el vicesecretario.
La Junta de Andalucía ha llevado a cabo ya la promoción de 2.200 viviendas protegidas y anticipa la entrega de más de 1.300 viviendas en alquiler para junio. Estas acciones forman parte de un decreto-ley de medidas urgentes que, en un plazo de seis meses, ha permitido activar la construcción de 2.280 VPO, acercándose al objetivo establecido de 20.000 viviendas protegidas en un periodo de cinco años.
En este contexto, García también resaltó el papel de la consejera de Fomento, Rocío Díaz, quien ha estado al frente de esta iniciativa con el fin de incrementar y acelerar la edificación de viviendas protegidas. La ley busca movilizar suelo, simplificar trámites y reforzar la seguridad jurídica para los ciudadanos. “Este marco legal está diseñado para facilitar la vida a las personas y ayudarles a alcanzar sus proyectos de vida”, agregó.
El vicesecretario del PP mencionó que Andalucía se ha convertido en un referente en términos de resultados, gracias al incremento en la construcción de vivienda protegida y las perspectivas de nuevas entregas en régimen de alquiler. Además, destacó la importancia de instrumentos como la ampliación de la bolsa de suelo y la colaboración público-privada para potenciar la rehabilitación de viviendas.
Por otro lado, García hizo hincapié en que la nueva ley también busca ofrecer protección frente a la okupación ilegal, defendiendo el derecho a la vivienda sin generar conflictos entre los ciudadanos. A pesar de que el Gobierno andaluz no cuenta con competencias para abordar este problema en el ámbito legal, ha manifestado la necesidad de una legislación nacional que aborde la okupación, una posición que fue reiterada por la consejera en el Senado el pasado junio.
En conclusión, el vicesecretario de Vivienda del PP ha enfatizado que la Ley de Vivienda de Andalucía representa una total oposición al modelo establecido por Sánchez, demostrando que es posible garantizar el derecho a la vivienda en la comunidad autónoma. Este enfoque renovado no solo busca resolver los problemas actuales, sino también sentar las bases para un futuro más seguro en términos de acceso a la vivienda para todos los andaluces.
