La situación de tres familias de Huelva se ha vuelto crítica, ya que luchan con la desesperación por la situación de sus seres queridos encarcelados en cárceles de Marruecos. Estas familias están decididas a solicitar al Gobierno español que intervenga para facilitar el traslado de sus familiares a prisiones en España, donde podrían cumplir sus penas en condiciones más humanas y cerca de sus seres queridos. No buscan una disminución de las condenas, sino simplemente la posibilidad de cumplirlas en su país.
Los familiares de Antonio, Antonio Manuel y José han formado una agrupación con otras familias que enfrentan situaciones similares. Aceptan que sus seres queridos han cometido delitos y deben rendir cuentas ante la justicia, pero insisten en que se respeten sus derechos humanos. Este clamor se apoya en un acuerdo bilateral que permite el traslado de condenados entre España y Marruecos, firmado en 1997 y ratificado en 1999.
Una de las voces más visibles en esta lucha es Inmaculada De la Rosa Feria, madre de Antonio Alonso, quien ha compartido su experiencia a través de un vídeo que ha circulado ampliamente. En este, se expresa directamente al Gobierno, pidiendo apoyo para las familias de los presos. «No estamos en contra del Gobierno marroquí ni de las administraciones españolas en Marruecos. Necesitamos que nos escuche y nos dé ayuda burocrática para agilizar su traslado», reclama.
Otro testimonio es el de Juan Manuel, hermano de Antonio Manuel Cárdenas, quien fue detenido en marzo de 2025 en Alhucemas. Este joven ha pasado meses en condiciones deplorables en la prisión de Tetuán. Juan Manuel ha relatado que, tras una larga espera, finalmente logró comunicarse con él a través del consulado, aunque la falta de información había dejado a la familia desorientada y angustiada.
La situación de Antonio Manuel es crítica. Su hermano expresa que se siente «hundido, solo, lejos de su país y de su familia.» A pesar de que la familia ha intentado asistirlo económicamente, sus recursos son limitados. «Le han robado la poca ropa y pertenencias que tenía», lamenta Juan Manuel, que ve a su hermano atravesar una profunda sensación de abandono. La angustia por la falta de comunicación ha sido un factor constante en su lucha.
Además, la situación económica de la familia se ha visto afectada por multas que superan los 500.000 euros, una carga imposible de asumir. Aunque han contratado a un abogado para recurrir esta sanción, los avances han sido escasos y frustrantes, lo que suma a la desesperación de la familia. «No pedimos que se le perdone la condena. Sabemos que cometió un error y asumimos que debe cumplir la pena impuesta. Lo único que pedimos es humanidad», insiste Juan Manuel.
Las condiciones de vida en las cárceles marroquíes han sido descritas como inhumanas. La hermana de Antonio Manuel, Ana, ha compartido su angustia a través de vídeos en redes sociales, donde relata que su hermano «duerme en el suelo, rodeado de ratas y cucarachas». Aunque reconoce que debe cumplir su condena, su deseo es que lo haga en un entorno más humano, donde pueda recibir el apoyo familiar necesario.
En un contexto similar, Marina, esposa de José Ramos González, también ha denunciado las condiciones infrahumanas que ha padecido su marido desde su arresto en septiembre de 2024. «Allí donde estuvimos pasamos hambre, durmiendo en el suelo con cucarachas», relata. La desesperación por la situación ha llevado a Marina y a otros familiares a solicitar que se aplique el acuerdo que permite el traslado de condenados a España.
Las familias continúan en su lucha por visibilizar su situación y demandar un trato justo para sus seres queridos. «Llevamos gastado lo que no tenemos en abogados y nos han estafado», afirma Marina, quien enfatiza que su dolor es compartido por muchas otras familias que se encuentran en circunstancias similares. La situación de estas familias pone de relieve la necesidad de una intervención gubernamental que garantice el respeto a los derechos humanos y la posibilidad de cumplir las condenas en condiciones dignas.
