Las formaciones políticas Por Andalucía e Izquierda Unida han enviado una carta a la Junta de Andalucía, la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de Manilva solicitando la paralización urgente del desahucio que afecta a 62 familias en el municipio, previsto para el próximo 10 de octubre. Esta solicitud ha generado un intenso debate político, dado que ambas organizaciones forman parte del gobierno municipal de Manilva, lo que añade una complejidad a su demanda.
El candidato de Por Andalucía por Málaga, Ernesto Alba, y la coordinadora provincial de IU, Toni Morillas, han expuesto la situación crítica que enfrentan estas familias, denunciando lo que consideran una “emergencia habitacional”. Por ello, han instado a la Junta de Andalucía a activar un expediente de expropiación por interés general y a implementar medidas contundentes contra la especulación inmobiliaria que, según afirman, está perjudicando a la población más vulnerable.
Alba ha enfatizado que “una vez más, la especulación está destruyendo la vida de las familias trabajadoras en Andalucía”, subrayando que las 62 familias no poseen alternativas habitacionales y corren el riesgo de quedar en la calle debido a la intervención de fondos buitre. Durante su intervención, también dirigió críticas al gobierno andaluz del PP y al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, a quienes acusó de ser “marionetas de los fondos de inversión”.
A pesar de las demandas públicas, los representantes no han hecho referencia a la responsabilidad directa del Ayuntamiento de Manilva, que también está gobernado por las fuerzas que han promovido la iniciativa. Toni Morillas ha exigido la paralización inmediata del desahucio y ha abogado por la expropiación de las viviendas para incorporarlas al parque público, enfatizando que “todas las instituciones tienen que mover ficha” ante lo que considera una “total emergencia social”.
Asimismo, ha resaltado la necesidad de una “colaboración institucional máxima” para evitar el desalojo de familias con menores a su cargo, criticando que los fondos de inversión “especulan sin límites” mientras que las administraciones no garantizan el derecho a la vivienda. Desde IU, también se ha planteado la ampliación del parque de vivienda en alquiler social y la utilización de “todos los instrumentos disponibles”, incluida la expropiación por razones de emergencia social.
Victoria Morales, coordinadora comarcal de IU en la Costa del Sol Occidental, ha denunciado que Manilva es un “claro caso de especulación inmobiliaria” y ha instado tanto a la Junta como al Ayuntamiento a utilizar todas las herramientas legales disponibles para recuperar la urbanización afectada y destinarla a viviendas de carácter público.
La situación resalta las incongruencias políticas existentes en la localidad, especialmente en cuanto a la coherencia entre el discurso público y la acción institucional. Es notable que los mismos partidos que gobiernan el Ayuntamiento exijan públicamente al propio gobierno que actúe, sin detallar las medidas concretas que se están implementando para detener un desahucio cuya ejecución es inminente.
El comunicado de estas formaciones se produce poco antes de la celebración de un Pleno Ordinario, que se llevará a cabo a las 9:30 de la mañana, donde se discutirá la moción para declarar una situación de emergencia social ante el inminente desalojo de viviendas en la calle Sarmiento en Manilva. Este escenario pone de relieve tanto la urgencia del problema habitacional como las dificultades que enfrentan las instituciones para abordar una crisis que afecta directamente a numerosos ciudadanos.