El candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía por Podemos Andalucía, Juan Antonio Delgado, ha expresado su preocupación este viernes sobre el impacto que podrían tener dos nuevas leyes que se encuentran en tramitación por parte del Gobierno andaluz. Estas son la Ley para la Gestión Ambiental y la Ley de Montes, que están a la espera de ser debatidas en el Parlamento andaluz. Delgado ha calificado el proceso como un intento de “privatización encubierta” impulsado por la mayoría absoluta del Partido Popular.
En respuesta a esta situación, el diputado de Podemos ha anunciado la presentación de una serie de enmiendas que buscan “proteger el patrimonio natural” de Andalucía, ante lo que considera un esfuerzo por “entregar el campo andaluz a las empresas privadas”. Aseguró que no permitirán que se lucre con el medio ambiente de la región, reclamando al Ejecutivo autonómico “más garantías y gestión democrática”.
Uno de los aspectos centrales de las enmiendas propuestas por Podemos se centra en la lucha contra la impunidad ecológica. Delgado ha sugerido aumentar las sanciones para las infracciones graves y muy graves, así como extender los plazos de prescripción. Para el candidato, es “vital” establecer un marco que haga que la contaminación “no salga barata” y que los infractores “no se vayan de rositas”.
El diputado también ha hecho referencia a los incendios forestales que afectaron a Andalucía durante el verano pasado, causando la destrucción de un gran número de hectáreas. Según Delgado, la nueva Ley de Montes fomenta el cambio de uso del suelo tras incendios, y ha solicitado “eliminar toda ambigüedad y prohibir el cambio de uso”, ya que considera que es una herramienta jurídica fundamental para proteger el territorio ante potenciales incendios motivados por intereses urbanísticos o especulativos.
Delgado ha afirmado que esta situación representa “la estratagema de siempre en el PP para favorecer a sus amigos empresarios”. Ha exigido un control más riguroso de esta práctica para acabar con “los procesos de mercantilización, especulación financiera o pérdida de control público sobre los montes”.
Además, ha subrayado la necesidad de ser más contundente en relación a las actividades que se amparan bajo la declaración responsable de los efectos ambientales, regulada en los artículos 98 a 105 de la norma, ya que considera que “esta declaración no puede interpretarse como una auto-licencia para contaminar”.
Por último, la garantía de una participación ciudadana «real» ha sido otro de los puntos destacados por el diputado. Ha señalado que “excluir a la ciudadanía profundiza la desconfianza social”. La Ley para la Gestión Ambiental propone unos plazos de información pública y presentación de alegaciones que Delgado considera “demasiado cortos”. Por ello, ha propuesto su ampliación con el objetivo de favorecer a la ciudadanía frente a las grandes empresas. Asimismo, ha planteado fomentar la perspectiva de género y el relevo generacional para consolidar la población en el medio rural andaluz.
