La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha enviado un comunicado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, donde denuncia una «gravísima» falta de coordinación y asistencia en los servicios de emergencia, específicamente en los números 061 y 112, durante el reciente accidente ferroviario en Adamuz. La asociación ha manifestado su preocupación a través de un escrito registrado por el bufete de abogados Administrativando, que está encargado de la defensa de las víctimas.
Según la denuncia, el personal del Centro Coordinador de Emergencias Sanitarias 061 de Córdoba se vio obligado a gestionar las emergencias «con papel y lápiz» debido al colapso del sistema informático en un momento crítico del rescate. Además, se mencionó que los gestores de emergencias tuvieron que recurrir a sus teléfonos particulares por la caída de las redes oficiales y la falta de comunicación con el centro 112.
El texto subraya que “solo la actuación de los profesionales, con muchos años de experiencia, hizo posible sacar adelante lo que, desde el punto de vista técnico, fue un caos”. Asimismo, la asociación destaca que, según fuentes cercanas al operativo de rescate, no hubo un flujo adecuado de información entre la Agencia de Seguridad y Gestión de Emergencias de Andalucía (ASEMA) y la Guardia Civil. Esto ocasionó que “no se cumplieran los protocolos básicos” de comunicación, lo que retrasó el conocimiento sobre el número y estado de las víctimas hasta que la Guardia Civil llegó al lugar del siniestro, 43 minutos después del accidente.
En el escrito dirigido al presidente, se advierte que “es posible que esta falta de asistencia inmediata haya provocado más víctimas y heridos de mayor gravedad”. Frente a esta situación, la asociación ha solicitado a la Junta de Andalucía una investigación exhaustiva y la depuración de responsabilidades políticas y jurídicas, así como la revisión inmediata de los protocolos de actuación del 061 y el 112. También piden la entrega de toda la documentación e informes técnicos relacionados con la gestión de la emergencia.
Además del requerimiento al Ejecutivo andaluz, se han presentado denuncias similares al Defensor del Pueblo, a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios y al juzgado de instrucción de Montoro. La asociación amplía su crítica más allá de la Junta, señalando que el mal funcionamiento de comunicación con los servicios de emergencias también se registró a nivel estatal, respaldándose en un informe reciente de la Guardia Civil.
Este informe indica que “del estudio inicial de las grabaciones de los distintos operadores de emergencias (…), se comprueba que existió una importante confusión inicial, debido al gran volumen de llamadas simultáneas y desconcierto”. Las llamadas referentes al tren Alvia fueron mal interpretadas, ya que se confundieron con las alertas sobre el tren Iryo, lo que contribuyó a la desorganización en la respuesta al accidente.