La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha dirigido una comunicación al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la que denuncia una «gravísima» falta de coordinación y apoyo por parte de los servicios de emergencia, en particular el 061 y el 112, durante el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz. Esta reclamación ha sido formalizada a través del despacho Administrativando Abogados, que se encarga de representar a los afectados.
En el documento presentado, se detalla que el personal del Centro Coordinador de Emergencias Sanitarias 061 de Córdoba tuvo que recurrir a la gestión manual de llamadas, «con papel y lápiz», debido a que el sistema informático experimentó un completo colapso en un momento crítico para el rescate. Además, los gestores de emergencias se vieron obligados a utilizar sus teléfonos particulares ante la caída de las redes oficiales y la falta de conexión con el centro 112.
El escrito enfatiza que «solo la actuación de los profesionales, con muchos años de experiencia, hizo posible sacar adelante lo que, desde el punto de vista técnico, fue un caos». Por otro lado, la asociación ha señalado que fuentes cercanas al operativo de rescate han confirmado que la información sobre el siniestro no se transmitió de manera efectiva entre la Agencia de Seguridad y Gestión de Emergencias de Andalucía (ASEMA) y la Guardia Civil. Se destaca también que «no se cumplieron los protocolos básicos» de comunicación, lo que generó que los datos sobre el número y estado de las víctimas no fueran conocidos hasta que la Guardia Civil llegó al tren Alvia, 43 minutos después del accidente.
En su comunicación, la asociación sugiere que esta falta de asistencia inmediata pudo haber causado un aumento en el número de víctimas y en la gravedad de las heridas. Por esta razón, han solicitado a la Junta de Andalucía una investigación minuciosa y la depuración de responsabilidades políticas y jurídicas, así como la revisión inmediata de los protocolos de actuación de los servicios de emergencia y la entrega de toda la documentación e informes técnicos relacionados con la gestión de la emergencia.
Simultáneamente, se han presentado escritos de denuncia, prácticamente idénticos, ante el Defensor del Pueblo, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios y el juzgado de instrucción de Montoro. La asociación también ha puesto de relieve que el mal funcionamiento de comunicación de los servicios de emergencia se produjo a nivel estatal, respaldándose en un informe reciente de la Guardia Civil. Este informe indica que «del estudio inicial de las grabaciones de los distintos operadores de emergencias (…), se comprueba que existió una importante confusión inicial, debido al gran volumen de llamadas simultáneas y desconcierto». Se detalla que las alarmas relacionadas con el tren Alvia fueron mal interpretadas, vinculándose erróneamente con el tren Iryo, lo que contribuyó a la confusión en la gestión de la emergencia.
