La Audiencia Nacional ha aceptado a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por la Junta de Andalucía en relación al deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en las marismas de Doñana. Este procedimiento, que afecta a localidades como Almonte, Hinojos (Huelva) y Aznalcázar (Sevilla), fue aprobado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y publicado el 16 de octubre de 2025.
La Junta impugnó este deslinde debido a que considera que la decisión no está adecuadamente justificada. En particular, ha cuestionado la Orden Ministerial de 10 de octubre de 2025, señalando que la propuesta excede los límites naturales de influencia mareal. Según informes del equipo técnico del Espacio Natural de Doñana, estos documentos, enviados en noviembre y diciembre de 2023, concluyen que los ecosistemas presentes no guardan relación con los procesos de flujo y reflujo de las mareas, como se estaba argumentando.
Además, la Junta ha puesto en entredicho la referencia a la ‘montaña del río’ como una barrera que impide la conexión de la marisma con la marea. Según sus argumentos, esta infraestructura fue diseñada para favorecer la inundación de las marismas, las cuales tienen una dinámica más relacionada con el agua pluvial que con la marina.
Este deslinde afectaría al 56% de las fincas públicas del espacio, incluyendo la totalidad de las marismas en Sevilla, las cuales fueron adquiridas por el Estado en 2006 y posteriormente transferidas a la comunidad autónoma. Ante esta situación, la Audiencia ha requerido al Ministerio para la Transición Ecológica que envíe la documentación pertinente en un plazo de 20 días. Esto incluye los expedientes administrativos que justifican el acto impugnado, así como la posibilidad de formar una pieza separada para resolver lo procedente.
La resolución administrativa que se adopte deberá ser notificada a todos los interesados en un plazo de cinco días desde su adopción, permitiendo que puedan personarse como demandados ante la Audiencia en un plazo de nueve días. Esta notificación se llevará a cabo conforme a la legislación vigente que regula el procedimiento administrativo.
La Audiencia Nacional también ha solicitado que se informe sobre otros recursos contencioso-administrativos que pudieran concurrir bajo supuestos de acumulación. La importancia de este caso radica no solo en la protección de un espacio natural tan relevante como son las marismas de Doñana, sino también en el impacto que puede tener sobre la gestión y conservación de recursos naturales en Andalucía.
El resultado de este procedimiento judicial podría tener repercusiones significativas en la política ambiental de la región, marcando un precedente en la forma en que se gestionan los espacios naturales de gran valor ecológico. A medida que la Audiencia avanza en este proceso, la atención se centra en cómo se equilibrarán las necesidades de desarrollo con la conservación del medio ambiente en esta emblemática área.
