Andalucía se encuentra inmersa en un año electoral, un periodo caracterizado por la dificultad de alcanzar consensos que han sido esquivos durante la legislatura. Sin embargo, la Confederación de Ampas de Andalucía (Codapa) ha tomado la iniciativa para buscar una solución efectiva a los retos que enfrentan los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo, un grupo vulnerable dentro del sistema educativo. Este esfuerzo ha logrado reunir a todos los grupos parlamentarios en torno a la aprobación de un plan estratégico andaluz de inclusión, que contempla la reforma de la normativa vigente, la reducción de la ratio de alumnos por docente, la incorporación de más recursos especializados y el apoyo a estudiantes más allá de su etapa escolar. “Andalucía necesita un programa, un marco estratégico por la educación inclusiva, porque nos estamos quedando atrás”, ha comentado Marina Jiménez, presidenta de Codapa, durante la presentación del documento en el Parlamento autonómico.
El consenso alcanzado es fruto de una serie de mesas de diálogo que se llevaron a cabo entre abril y octubre del año pasado, en las que participaron partidos políticos, sindicatos, asociaciones como Redes, expertos y familias de menores con necesidades especiales. “Necesitábamos ver la unidad de todo el arco parlamentario en este caso porque creemos que la atención a la diversidad en la inclusión educativa tiene que ser ahora mismo el problema que debemos afrontar a nivel educativo”, añadió Jiménez. Desde Codapa, se muestran cautelosos, advirtiendo que estarán atentos a la materialización de estos compromisos, sobre todo en una comunidad donde el 13% del alumnado, es decir, unos 180.000 menores, requieren apoyo educativo específico.
Los puntos acordados en el documento subrayan la importancia de desarrollar un Plan estratégico de inclusión con un presupuesto claro, así como la necesidad de revisar la normativa andaluza sobre inclusión y atención a la diversidad, que actualmente se considera obsoleta. Además, se propone reorientar la política de personal para estabilizar las plantillas de los profesionales dedicados a la Pedagogía Terapéutica, entre otros, evitando así los recursos compartidos. También se destaca la creación de la figura de enfermera escolar, que actualmente se encuentra en fase piloto y atiende a menos de 60 familias, así como la garantía de inclusión en la enseñanza postobligatoria.
Algunos desacuerdos han surgido en torno a la financiación y la reducción de la ratio de alumnos por docente. Las representantes de la izquierda, Begoña Iza de Adelante Andalucía, Alejandra Durán de Por Andalucía y Susana Rivas del PSOE, enfatizaron la necesidad de reforzar la educación pública y dotar presupuestariamente los centros educativos para que sean realmente inclusivos. “En esta legislatura, hemos presentado iniciativas para mejorar la calidad educativa para el alumnado con necesidades especiales, pero han sido rechazadas por el PP”, señalaron.
Desde el partido Vox, Ana Ruiz también cuestionó la gestión de la Junta en temas de inclusión escolar, defendiendo la existencia de centros específicos de formación, a pesar de la advertencia de la ONU sobre los peligros de la segregación. Por su parte, la representante del PP, Remedios Olmedo, defendió las políticas educativas del Gobierno de Juan Manuel Moreno, que han sido criticadas por algunos grupos políticos, afirmando que reducir la ratio a 22 en infantil y primaria es una prioridad del Ejecutivo.
La Junta de Andalucía ha destinado para este año un total de 636 millones de euros para la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, lo que se traduce en una inversión de 7.500 € anuales por estudiante. Aunque la plantilla de especialistas ha aumentado en un 37%, desde Codapa consideran que este esfuerzo es insuficiente, dado el aumento del 300% en el número de alumnos que requieren atención especial.
A pesar de las diferencias, todos los partidos reconocen la urgencia de abordar este tema mediante una planificación estratégica innegociable para Codapa. “Es lo básico, tanto para la confederación como para los especialistas y las familias que han participado en las mesas, un programa marco para saber cómo se va a actuar de aquí a cinco o 10 años”, ha declarado Pepe Segovia, quien redactó el documento. Jiménez ha hecho hincapié en que las Ampas se han convertido en un canal de expresión para muchas familias que sienten que no se les está ofreciendo el apoyo necesario. “Nos enfrentamos a problemas que podrían llevar a la desesperación”, concluyó, enfatizando la necesidad de que los partidos incorporen este documento en sus programas electorales.
