La Junta de Andalucía ha implementado la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (Lista), que ha permitido realizar un total de 1.986 intervenciones contra construcciones ilegales en la comunidad. Entre las acciones más notables se encuentran los 1.590 precintos y 50 autodemoliciones llevadas a cabo. Esta legislación otorga a la Junta competencias directas para actuar frente a infracciones en la ordenación del territorio, lo que ha cambiado la forma en que se gestionan estos problemas.
La administración andaluza ha destacado que el uso de precintos ha sido clave en su estrategia para abordar las edificaciones ilegales en suelo rústico desde etapas tempranas. Durante 2025, se precintaron 351 edificaciones o parcelas ilegales, una cifra que, aunque algo inferior a la de 2024, es comparable a los resultados de los dos años anteriores. A su vez, la inspección no se ha limitado a este primer paso; se han realizado más de 400 reprecintos, llevando el total de intervenciones a más de 700 durante el último año.
Además, se han levantado 612 actas de inspección y se han iniciado expedientes de protección de la legalidad para 484 edificaciones, lo cual representa un incremento considerable en comparación a años anteriores, siendo 12 veces más que en 2018. Este balance positivo se debe a un esfuerzo conjunto por parte de la Junta para asegurar que las intervenciones se mantengan efectivas y constantes.
Por otra parte, en términos legales, se han abierto 155 procedimientos sancionadores y se han impuesto 178 multas coercitivas que suman más de 4 millones de euros. Estas políticas de ordenación del territorio, que incluyen multas progresivas, están comenzando a cambiar la mentalidad de los infractores, quienes buscan evitar reincidir y reparar el daño causado.
La Consejería de Fomento ha enfatizado que la colaboración con diferentes agentes, incluyendo el Ministerio Fiscal y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ha sido crucial en la lucha contra la construcción ilegal. En 2025, se emitieron 160 informes periciales relacionados con delitos urbanísticos, marcando un récord en este ámbito. Este esfuerzo es parte de una estrategia más amplia que busca mitigar las consecuencias sociales, ambientales y económicas del urbanismo ilegal.
Dentro de este contexto, la Junta asegura que la inspección autonómica se ha fortalecido y se ha cuadruplicado el número de actuaciones en este ámbito. Una mayor descentralización de la inspección ha permitido una presencia más efectiva en el territorio. Además, se ha comenzado a tramitar un nuevo reglamento que moderniza y optimiza las funciones de la inspección, protegiendo al personal que realiza estas labores. Se han implementado medidas como la firma anonimizada de documentos, garantizando la seguridad de los inspectores al no hacer públicos sus nombres.
La lucha contra el urbanismo ilegal sigue siendo una prioridad para la Junta de Andalucía, y las acciones recientes demuestran un compromiso firme con la legalidad en el territorio. Con un marco normativo más robusto y acciones concretas en el terreno, se espera que los resultados continúen mejorando, protegiendo el patrimonio natural y urbano de la comunidad.