Las decisiones políticas tienen diversas maneras de ser evaluadas, ya sea a través de presupuestos, titulares o momentos cruciales. En Andalucía, una situación preocupante ha emergido: un ciudadano mayor puede activar el botón de teleasistencia, que debería asegurar una respuesta inmediata, y verse en la angustiosa espera de quince, veinte minutos o más sin ninguna respuesta. Este tiempo, en caso de emergencias como caídas o problemas de salud, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
En este contexto, el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha afirmado que el sistema “funciona con normalidad”, repitiendo esta afirmación en varias ocasiones, a pesar de los informes de trabajadores y sindicatos que destacan una situación alarmante en el primer trimestre de 2026. Se han reportado colapsos frecuentes y una saturación en las centralitas, lo que ha llevado a que un servicio esencial ya no cumpla con su función fundamental. Las medidas presupuestarias anunciadas no ocultan que el botón de teleasistencia ha dejado de ser una garantía de seguridad, generando más bien un sentimiento de temor entre los usuarios.
El diario Público y otros medios, como El Libre, han alertado sobre un colapso sostenido en el servicio de teleasistencia andaluz. Este problema se ha intensificado en marzo de 2026, con el sindicato CGT denunciando caídas diarias del sistema informático PNC8, lo que deja a los teleasistentes sin información y provoca que las llamadas se acumulen. Este colapso afecta a más de 340.000 personas, muchas de las cuales son ancianos que viven solos.
La teleasistencia, que debería ser un servicio de emergencia social y sanitaria, se presenta como una de las principales prestaciones en el ámbito de la dependencia en Andalucía. A pesar de que la Junta de Moreno Bonilla ha promovido su éxito, la gestión cotidiana ha revelado una realidad contraria. Para muchos andaluces, la voz al otro lado del teléfono solía ser la única garantía de seguridad, una confianza que ahora se encuentra en entredicho.
Con la llegada de la primavera, la situación ha alcanzado un punto crítico. Sindicatos como UGT han señalado un «grave deterioro» en el servicio, que coincide con conflictos laborales y una cobertura mínima de las necesidades. Cuando los tiempos de espera superan los veinte minutos debido a fallos en el software o falta de personal, muchos usuarios se ven forzados a contactar directamente con los servicios de emergencia 061 o 112. Esto significa que el sistema que debería actuar como filtro y prevención se ha convertido en un obstáculo adicional.
La situación no es nueva para quienes llevan tiempo denunciando el desmantelamiento de los servicios públicos andaluces. La reciente caída del sistema de la Agencia Digital de Andalucía (ADA) a finales de marzo es solo una manifestación de una administración que se aleja de sus ciudadanos más vulnerables. Este problema es de carácter estructural; en la última década, el número de usuarios casi ha duplicado, mientras que las prestaciones se han expandido, incluyendo nuevos dispositivos como sensores de gas y teleasistencia móvil con GPS, sin incrementar de manera proporcional el personal disponible.
A pesar del anuncio de la Junta sobre la contratación de 140 nuevos efectivos en la ASSDA, se trata de un intento tardío que no compensa años de recortes y una carga de trabajo insostenible. A esta sobrecarga se suma el fracaso de una “modernización tecnológica” prometida. El software que gestiona las llamadas presenta fallos recurrentes, lo que provoca que el sistema colapse en momentos de alta demanda, dejando a los usuarios en espera silenciosa.
Actualmente, hablamos del único servicio de teleasistencia completamente público que queda en España, que durante años se mantuvo como un referente en políticas sociales eficaces. Sin embargo, bajo el Gobierno del PP, este modelo se desmorona, con organizaciones como FACUA advirtiendo de una «privatización encubierta«, donde la ineficacia del servicio público empuja a quienes pueden permitírselo a buscar alternativas privadas.
El deterioro que enfrenta la teleasistencia no se limita a lo técnico; también es humano. Anteriormente, el servicio no solo atendía emergencias; se realizaban seguimientos constantes a los usuarios. Hoy, ese acompañamiento ha desaparecido, y los plazos de espera para acceder a la dependencia, que la Junta intenta suavizar con estadísticas, revelan una realidad de 488 días de espera, un tiempo que a menudo termina cuando el solicitante ya ha fallecido.
Moreno Bonilla ha centrado su atención en la propaganda como su principal estrategia en políticas sociales, hablando de récords y eficiencia. Sin embargo, un servicio que deja a las personas mayores esperando tanto tiempo con el botón de teleasistencia en la mano no puede calificarse de eficiente: es, en cambio, peligroso. No se trata solo de gestionar documentos, sino de responder a quienes necesitan ayuda inmediata.
En una comunidad donde más de un millón de personas supera los 65 años y muchos viven solos, la teleasistencia es fundamental para garantizar que puedan continuar viviendo con dignidad en sus hogares. Cuando este servicio falla, todo el sistema de cuidados se ve comprometido. La responsabilidad es, sin duda, política, y no se puede ocultar tras comunicados sobre «inversiones récord» mientras los trabajadores advierten sobre riesgos y los medios documentan esperas inaceptables.
Invertir en teleasistencia no se trata de gastar más, sino de salvar vidas. Significa reforzar plantillas, asegurar la estabilidad de los sistemas digitales y recuperar el componente humano. Al final, cada llamada sin respuesta y cada minuto perdido en la espera frente al botón rojo tiene un responsable. Mientras Moreno Bonilla ignore esta realidad, el silencio al otro lado del teléfono seguirá siendo un peso sobre su gestión. En el ámbito social, negar la realidad del colapso solo lo hace más cruel.
