La Junta de Andalucía ha tomado medidas más severas respecto al uso de detectores de metales, una actividad que se realiza con frecuencia en playas y áreas con potencial arqueológico. La nueva Ley de Patrimonio Cultural, que fue publicada el 7 de abril en el BOJA, establece sanciones que pueden superar los 150.000 euros, y en ciertos casos, alcanzar hasta un millón de euros, para quienes utilicen estos dispositivos sin la necesaria autorización en la búsqueda de restos arqueológicos.
Esta legislación, que entrará en vigor el 27 de abril, prohíbe explícitamente en su artículo 103 el uso de detectores de metales y otros aparatos para buscar vestigios arqueológicos, salvo en el marco de trabajos científicos debidamente autorizados. Esta decisión surge ante la creciente preocupación por el expolio del patrimonio cultural en Andalucía, especialmente en aquellas zonas donde el acceso es más sencillo y donde estas prácticas pueden realizarse con mayor facilidad.
Los únicos que tendrán permiso para utilizar detectores de metales serán las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el Ejército y determinadas empresas de servicios, como las de electricidad, agua o telecomunicaciones, siempre bajo supervisión y sin fines arqueológicos. Además, se contemplan permisos específicos para actividades mineras y otros casos que se regularán adecuadamente.
Régimen de Sanciones
El endurecimiento de las normas no se limita a la prohibición de esta actividad, sino que también establece un sistema de sanciones que abarca desde 10.000 euros en los casos menos graves, hasta 150.000 euros para infracciones consideradas graves, como llevar a cabo actividades sin el correspondiente permiso que pueda poner en peligro el patrimonio cultural. En los casos más severos, como la destrucción de yacimientos arqueológicos o la pérdida irreversible de información, las multas pueden oscilar entre 150.001 euros y un millón de euros.
La nueva ley incluye además un mecanismo que busca que las sanciones sean efectivamente disuasorias, ya que la multa no podrá ser inferior al doble de los beneficios obtenidos de la infracción. Con esta medida, se intenta frenar prácticas que, en ciertos casos, se relacionan con el tráfico ilegal de piezas arqueológicas.
Desde una perspectiva legal, esta normativa refuerza la protección del patrimonio cultural y se alineará con la legislación estatal, particularmente con la Ley 16/1985. Andalucía, que posee una rica herencia arqueológica, ha enfrentado en los últimos años numerosos episodios de expolio, muchos de los cuales están vinculados al uso inadecuado de detectores de metales en espacios abiertos.
La implementación de esta norma dependerá en gran medida de la vigilancia y los controles que realice la Junta, así como de la colaboración con las fuerzas policiales y las autoridades locales. Así, a partir del 27 de abril, el uso indebido de detectores de metales en Andalucía podría resultar muy costoso para quienes decidan ignorar la nueva legislación.