Los municipios de Manilva y Casares han recibido una propuesta de deslinde oficial por parte de la Junta de Andalucía. Este documento, que fue enviado la semana pasada a ambos ayuntamientos por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, tiene como objetivo «reforzar la seguridad jurídica y administrativa con respecto a los límites territoriales, facilitando así la gestión y planificación municipal».
El alcalde de Manilva, Mario Jiménez, ha declarado que su Ayuntamiento defenderá lo que considera «el deslinde histórico correcto, basado en lindes naturales e históricos». Según ha explicado, Manilva ya cuenta con una adaptación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1994 y en 2012 se ajustó a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que fue la última aprobación respaldada por la Junta.
A pesar de estas adaptaciones, Jiménez ha subrayado que no se ha realizado una revisión completa del término municipal desde entonces. Reconoce que el nuevo documento presentado por la Junta introduce cuestiones que deben ser debatidas conjuntamente entre ambos consistorios, dado que «el 80% del territorio de Manilva linda con Casares». Los primeros contactos han sido positivos, y hay una buena disposición para mantener una reunión técnica y política.
Uno de los temas más delicados en la propuesta es el núcleo urbano de El Secadero. Jiménez ha indicado que, según el planteamiento autonómico, Manilva recibiría calles y viviendas que históricamente han estado bajo la gestión de Casares. «Hay un reconocimiento histórico de que esas casas están en Casares, que es el municipio que ha prestado los servicios a esas viviendas. Lo lógico sería que siguieran en su término municipal», añadió.
Asimismo, el río Manilva se presenta como una delimitación natural con Casares. Jiménez ha apuntado que, aunque el río no es completamente recto, constituye un límite natural claro. «La Consejería maneja unos datos que no coinciden con esa referencia», afirmó. El Ayuntamiento de Manilva tiene previsto responder al requerimiento de la Junta dentro del plazo de dos meses estipulado, proporcionando los informes técnico-jurídicos pertinentes.
Por su parte, el alcalde de Casares, Juan Luis Villalón, ha apuntado que «no hay exactitud en los linderos que determinan un municipio y otro». Además, destacó que la Junta ha realizado una propuesta inicial que está sujeta a alegaciones. La postura del consistorio casareño aboga por que sean los propios ayuntamientos quienes, a través de negociaciones, alcancen un acuerdo que luego se presente a la administración autonómica, especialmente en lo que respecta a núcleos urbanos y zonas de suelo consolidado.
Ambos regidores han coincidido en la importancia de mantener una reunión con la Junta de Andalucía para abordar el tema del deslinde y buscar una delimitación definitiva. Tal y como han manifestado, «el objetivo es aplicar criterios técnicos y de sentido común que permitan clarificar unos límites históricos que, hasta ahora, no habían sido objeto de una definición formal». Esta situación subraya la relevancia de establecer acuerdos claros entre los municipios para mejorar la gestión territorial y asegurar el bienestar de los vecinos de ambas localidades.
