A un año y medio de que la Junta de Andalucía decidiera desvincularse de tres fundaciones de investigación, una de estas últimas ha decidido interponer una demanda contra el Gobierno regional. El comité de empresa de la Fundación para la Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental (FIBAO) ha denunciado al Ejecutivo andaluz ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) argumentando que sufren un trato desigual, ya que sus salarios son hasta 30.000 € inferiores a los de empleados similares en el Servicio Andaluz de Salud (SAS).
La situación de precariedad que enfrentan los investigadores biomédicos es alarmante, especialmente considerando su rol crucial en garantizar que la sanidad pública andaluza se mantenga en la vanguardia de la atención a los ciudadanos y el progreso científico. A pesar de que oficialmente la Junta se ha desvinculado de la fundación, el control público sigue siendo significativo, dado que estos profesionales trabajan en hospitales públicos y en proyectos que dependen del sistema público. Sin embargo, como apunta el comité de empresa de FIBAO, el sistema no parece cuidar de ellos.
La demanda, promovida por el sindicato CGT, se convierte en el primer conflicto colectivo en España que busca la equiparación salarial para el personal investigador en fundaciones biosanitarias en comparación con las categorías del sistema sanitario público. El sindicato argumenta que esta situación vulnera el principio de igualdad y la Ley de Investigación Biomédica de 2007, que establece que debe existir una equiparación salarial con categorías equivalentes del SAS. “Esto debería haberse implementado hace casi dos décadas”, afirma Sonia Morales, presidenta del comité de empresa de FIBAO.
La disparidad salarial es notable. Datos del comité indican que coordinadores de ensayos clínicos y otros investigadores con títulos en biología o farmacia ganan en algunos casos alrededor de 18.000 € brutos anuales, mientras que sus homólogos en el SAS pueden recibir entre 50.000 y 60.000 €. “Algunos de nuestros profesionales perciben entre la mitad y un tercio de lo que ganan en el SAS”, resume Morales.
La contradicción radica en que estos investigadores desempeñan su labor en hospitales públicos andaluces, colaborando en equipos y espacios con el personal estatutario y trabajando con pacientes del sistema sanitario público. “Somos personal subrogado low cost del SAS”, denuncia la representante sindical. Aunque la FIBAO forma parte de la red de fundaciones que gestionan la investigación en el sistema sanitario, el comité sostiene que el control público sigue siendo fundamental.
Este cambio de estatus se produjo tras un decreto de la Junta que retiró a tres fundaciones del sector público, incluyendo a FIBAO, con el argumento de que esto agilizaría la gestión y facilitaría la captación de fondos para investigación y desarrollo. Esta decisión también afectó a FISEVI y FIMABIS, modificando la composición de sus patronatos para incluir más representantes de universidades y entidades privadas. Los sindicatos habían señalado en ese momento el riesgo de mercantilización de la investigación y sus posibles efectos negativos sobre las condiciones laborales.
El comité de FIBAO destaca que hasta 2023, la mayoría de los miembros de su patronato estaban vinculados al SAS y que actualmente, la presidencia está en manos de la directora del Servicio Andaluz de Salud. “Trabajamos en hospitales del SAS, con recursos del SAS y bajo la dirección funcional del SAS”, argumenta Morales, quien cuestiona la autonomía de la fundación respecto a la administración sanitaria.
Negociaciones y futuro laboral
La respuesta a las inquietudes planteadas por elDiario.es Andalucía no ha sido proporcionada por la Consejería de Salud, que ha delegado la respuesta a FIBAO. La fundación ha indicado que las seis entidades biosanitarias andaluzas están en proceso de negociación para establecer un convenio colectivo común que unifique el marco laboral. Desde 2012, no ha habido reclamaciones sobre las tablas salariales vigentes, aprobadas por sus patronatos, aunque la fundación considera “difícil” la equiparación con el SAS debido a la falta de categorías equivalentes.
Sin embargo, el comité de empresa refuta este argumento. Morales señala que en otras comunidades como Valencia se han tomado medidas para establecer comparativas y equiparar salarios en fundaciones sanitarias. En Madrid, se han logrado equiparaciones parciales para ciertos perfiles. “Categorías como biólogos, farmacéuticos o personal administrativo existen en el SAS. No es que no haya equivalencia, es que no se ha querido aplicar”, sostiene.
Por otro lado, el sindicato subraya que ha habido intentos previos de reclamación. En 2014, se inició la negociación de un convenio colectivo para las fundaciones que formaban parte del sector público, pero el texto no llegó a entrar en vigor. Tras la salida de estas fundaciones del sector público en 2023, el proceso tuvo que reiniciarse, resultando en tablas salariales inferiores a las de años anteriores.
La CGT propuso una equiparación progresiva en cuatro años para asegurar la estabilidad presupuestaria, una propuesta que fue rechazada por la patronal y no recibió apoyo de otros sindicatos. FIBAO espera que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se pronuncie sobre la demanda presentada.
Aparte de esta batalla legal, los investigadores advierten sobre las repercusiones de esta brecha salarial. La investigación clínica, que en parte es financiada por empresas farmacéuticas, ofrece condiciones más atractivas en el sector privado, mientras que la investigación básica depende casi exclusivamente de fondos públicos. “Las condiciones actuales favorecen la fuga de talento”, advierte Morales, quien critica un modelo andaluz que mantiene una estructura pública de investigación sustentada en personal con salarios bajos y contratos temporales, lo que dificulta la estabilidad y la planificación a largo plazo.
