La exvicepresidenta primera del Gobierno y actual secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, comparece hoy a las 11:00 horas ante la comisión de investigación del Senado. Este órgano examina la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que estuvo bajo su dirección desde junio de 2018 hasta marzo de este año. La aparición de Montero se produce a solo diez días del inicio oficial de la campaña para las elecciones andaluzas, que comenzará el 1 de mayo, en relación con los comicios autonómicos a celebrarse el 17 de mayo, donde ella es candidata socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía.
La declaración de la exministra de Hacienda se lleva a cabo tras un enfrentamiento legal que culminó con un fallo en contra del Partido Socialista por parte de la Junta Electoral Central (JEC). Esta última había desestimado la solicitud del PSOE para suspender la citación, argumentando que no se debe interrumpir el funcionamiento normal de las instituciones durante el periodo electoral. El órgano electoral enfatizó que la neutralidad institucional está asegurada y no realizó valoraciones sobre la oportunidad de la convocatoria, aunque hizo un llamamiento a los parlamentarios para que tengan cuidado en sus declaraciones.
La razón de la citación se centra en la necesidad de que Montero rinda cuentas sobre su gestión en Hacienda y su rol en la SEPI. La investigación se enfoca en cómo se administró el Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas, que destinó más de 2.600 millones de euros a cerca de 28 compañías. El Partido Popular ha exigido esclarecer si estos fondos fueron utilizados para beneficiar a ciertos grupos y busca que la candidata explique tanto técnica como políticamente los polémicos rescates de la aerolínea Plus Ultra y de Air Europa.
Dentro de las operaciones bajo sospecha, se encuentra el rescate de Plus Ultra, donde se cuestiona la relación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien recibió aproximadamente 450.000 euros por trabajos de consultoría de un amigo, coincidiendo con un desembolso público de 53 millones de euros. El rescate de Air Europa se encuentra igualmente bajo la lupa, debido a las acusaciones de que la familia propietaria pagó 500.000 euros a un intermediario y a un asesor del exministro José Luis Ábalos, supuestamente para facilitar la entrega de 475 millones de euros que evitaron la quiebra de la compañía durante la pandemia en 2020.
La estrategia del Partido Popular es clara: pretenden posicionar a Montero como un «nexo corruptor» entre diversas tramas asociadas al gobierno de Sánchez. Desde el PP se afirma que «nunca antes una vicepresidenta había estado tan rodeada de corruptos y de corrupción como Montero», acusándola de llevar a la ruina a empresas estatales como Correos y de proteger tramas de malversación y contratos irregulares.
La creación de esta comisión en el Senado, propuesta por el grupo popular, se originó en enero tras una operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Este operativo destapó la ‘red Hirurok’, en la que una exmilitante socialista, el dueño de Servinabar y el expresidente de la SEPI se habrían coordinado para amañar adjudicaciones públicas, beneficiándose de contratos fraudulentos que también implicaban a la SEPI.
La sesión de hoy se da después de que Vicente Fernández, expresidente de la SEPI y considerado por muchos como la mano derecha de Montero, compareciera la semana anterior. Fernández, quien se encuentra imputado en la Audiencia Nacional por el presunto cobro de sobornos, optó por no declarar ante los senadores, amparándose en su derecho constitucional.
La comparecencia de María Jesús Montero y las investigaciones relacionadas no solo revelan un intenso debate político, sino que también plantean interrogantes sobre la transparencia y la gestión de los fondos públicos en España. La atención se centra ahora en cómo esta situación podría influir en el desarrollo de la campaña electoral que se avecina.