Este domingo, miles de andaluces han salido a las calles de diversas ciudades de la comunidad para protestar por la situación crítica de la sanidad pública, que es competencia autonómica. Esta es la novena manifestación desde que Marea Blanca convocara a la ciudadanía en noviembre de 2022, tras la obtención de la mayoría absoluta por el PP de Juan Manuel Moreno. Las razones de esta movilización incluyen el colapso de la atención primaria y la creciente privatización del sistema de salud. A pesar de que han pasado cuatro años, las condiciones de los servicios públicos de salud siguen empeorando, como indica el CIS andaluz, que revela que la sanidad es ahora la principal preocupación de los andaluces, superando incluso al desempleo.
Durante la manifestación, se ha percibido una mezcla de frustración y esperanza entre los asistentes, quienes ven las elecciones del 17 de mayo como una oportunidad para que sus preocupaciones sean escuchadas. Sebastián Martín Recio, médico jubilado y portavoz de Marea Blanca, hizo un llamado a la colaboración entre la ciudadanía y los profesionales de la salud para conseguir un cambio político que permita la recuperación de la sanidad pública. Según cifras proporcionadas por la Policía Nacional, las manifestaciones han congregado a aproximadamente 22.300 personas en toda Andalucía, con 5.000 en Sevilla, 3.800 en Málaga, 1.400 en Jaén y 1.000 en Almería, entre otros lugares.
Los líderes de la oposición de izquierda, como María Jesús Montero del PSOE, Antonio Maíllo de Por Andalucía, y José Ignacio García de Adelante Andalucía, han cuestionado la política de privatización del Gobierno de Moreno, acusando una debilitación de los servicios públicos. En estos años, las manifestaciones han crecido en número, a medida que más ciudadanos se han sumado a las protestas por el deterioro de la atención sanitaria, los tiempos de espera para consultas y operaciones, y la carga insostenible que sufren los profesionales del sector.
Los testimonios de los ciudadanos en las calles reflejan un descontento generalizado. Por ejemplo, Marie Lacroix, residente en el Albaicín, expresó su preocupación por el cierre del centro de salud de su barrio, argumentando que el desplazamiento a centros ya saturados podría dificultar el acceso a la atención médica, especialmente para los ancianos. En Sevilla, María Ángeles Tormo lamentó la falta de pediatras y urgencias en su localidad, además de mencionar la reducción de especialidades en el hospital de referencia, donde ella misma tuvo que esperar 13 meses para una cirugía de cataratas, un plazo que excede el límite establecido.
El PP experimenta un malestar palpable, evidenciado por encuestas que muestran la mala valoración de la salud pública en Andalucía. A pesar de afirmar que han incrementado la inversión en sanidad, la oposición recuerda el despido de más de 7.000 profesionales sanitarios y la reducción del presupuesto en años anteriores. Las manifestaciones, que comenzaron tímidamente hace cuatro años, han evolucionado en una expresión masiva de descontento por la situación actual y por las promesas no cumplidas por parte de la administración autonómica.
El deterioro de la sanidad pública se ha convertido en un tema recurrente, y los asistentes a las manifestaciones sostienen que es fundamental que la próxima cita electoral esté guiada por la defensa de la sanidad pública. Muchos de ellos afirman que la situación actual no es sostenible y que la falta de atención y recursos está generando un impacto negativo en la calidad de vida de los ciudadanos. Las encuestas, que favorecen al PP, generan escepticismo entre los manifestantes, quienes advierten que su voto el 17 de mayo estará motivado por el deseo de un cambio real en el sistema de salud.
La esperanza de los manifestantes es que las demandas expresadas en la calle puedan traducirse en un cambio significativo en las próximas elecciones, y que se logre poner fin a un ciclo de deterioro continuo en la sanidad pública andaluza. La movilización ha dejado claro que la defensa de un sistema de salud accesible y eficaz es una prioridad para muchos, y que el futuro de la sanidad en Andalucía depende de la voluntad política y del compromiso genuino para resolver esta crisis.
