La crisis relacionada con los cribados de cáncer de mama comenzó a finales de septiembre de 2025, representando un importante desafío para el presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla. Las deficiencias en su gestión ocasionaron que numerosas mujeres no fueran informadas sobre la validez de sus mamografías, lo que llevó a que muchas desarrollaran cáncer de mama, como denunció la organización Amama, incluyendo casos avanzados de metástasis.
Recientemente, se han hecho públicos dos informes del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, que describen el colapso de la unidad de mamografías. Estos documentos, elaborados en 2023 y 2025, revelaron que la falta de recursos humanos y técnicos había generado un atasco significativo, con más de 6.000 mamografías pendientes en abril de 2025 y un total que supera las 50.000 pruebas.
En el contexto de esta crisis, el presidente Moreno Bonilla realizó una serie de cambios en su gabinete, incluyendo el cese de la consejera de Salud, Rocío Hernández. Posteriormente, nombró a Antonio Sanz como nuevo consejero, quien asumió responsabilidades en varias áreas, buscando mitigar la situación desde un enfoque comunicativo.
Sin embargo, este cambio de consejeros incluyó un aspecto inédito en la Junta de Andalucía, ya que se decidió disminuir el poder y la autonomía del departamento de Salud. A través del Decreto 168/2025 del 5 de noviembre, la consejería fue rebajada a la categoría de viceconsejería, quedando bajo un macrodepartamento denominado Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias. Esta acción fue criticada por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que consideró que esta decisión desvirtúa la importancia de políticas específicas de salud.
La reestructuración no solo afecta la gestión política, sino que se enmarca en un deterioro generalizado de los indicadores de salud en Andalucía. Según la FADSP, la comunidad presenta la peor situación de salud del país, con altas tasas de obesidad y mortalidad por enfermedades cardiovasculares y cáncer. Aunque el gasto sanitario por habitante ha mostrado un aumento superficial, se revela que, ajustado por inflación y el envejecimiento poblacional, los niveles presupuestarios actuales apenas igualan los de 2009, con una proyección que indica que para 2026 se estará 143 euros por debajo de la media estatal.
Los problemas en la atención primaria también han empeorado. Un estudio reciente en Málaga indica que más del 21% de los pacientes enfrenta dificultades para obtener una cita, con tiempos de espera que superan los nueve días para acceder a su médico de cabecera. En el ámbito hospitalario, las listas de espera quirúrgicas son alarmantes, alcanzando hasta 169 días, con cerca de medio millón de pacientes esperando más de dos meses para una consulta especializada.
Ante esta situación, diversas plataformas en defensa de la sanidad pública y sindicatos han denunciado que esta ineficiencia administrativa está acompañada de una privatización creciente del sistema de salud. La reciente reestructuración de competencias y la integración de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) en el nuevo Instituto de Salud de Andalucía son ejemplos claros de esta tendencia, que podría tener consecuencias negativas para la calidad del servicio público en el ámbito sanitario.
Así, la gestión del presidente Moreno Bonilla ha generado un contexto de descontento y preocupación tanto en la población como entre los profesionales de la salud, quienes ven cómo la falta de recursos y la reducción de competencias impactan directamente en la atención que se ofrece a los ciudadanos. Este panorama resalta la necesidad urgente de revisar y reforzar las políticas sanitarias en Andalucía para garantizar un sistema de salud eficaz y accesible.
