La organización soberanista Nación Andaluza ha emitido un comunicado en el que critica la celebración de la Semana Santa en Andalucía, considerándola un fenómeno que va más allá de lo religioso o cultural. Para esta entidad, se trata de un mecanismo histórico que perpetúa el control social y la legitimación del poder. A su juicio, cada primavera, «los distintos aparatos del Estado» se involucran en los actos y procesiones, liderados por la Iglesia Católica, en una dinámica que, según afirman, serve para «bendecir la explotación burguesa».
Nación Andaluza sostiene que en estas festividades convergen diversas instituciones, cuerpos de seguridad y políticos que actúan en beneficio de la oligarquía, mientras que el verdadero pueblo, el Pueblo Trabajador Andaluz, queda invisibilizado. Esta crítica se apoya en una aparente contradicción entre la aconfesionalidad proclamada del Estado español y la realidad de la influencia religiosa en la vida pública. En este sentido, recuerdan que el artículo 16.3 de la Constitución de 1978 establece que el Estado debe ser aconfesional, aunque argumentan que el Concordato de 1953 con el régimen franquista mantiene privilegios para la Iglesia.
La organización señala que la financiación pública a la Iglesia se eleva por encima de los 11.000 millones de euros, sin contar otros gastos como la ayuda a centros educativos religiosos o subvenciones para celebraciones religiosas. Esta situación es vista como una forma de apropiación indebida de patrimonio eclesiástico a través de «inmatriculaciones». Asimismo, afirman que el origen de estas prácticas se remonta a la represión religiosa tras la conquista de Andalucía, conectando las procesiones actuales con las funciones de castigo y adoctrinamiento del Tribunal de la Santa Inquisición.
Nación Andaluza también critica el papel del sistema educativo y los medios de comunicación en la perpetuación de estos valores. Según argumentan, existen numerosos centros donde se priorizan creencias religiosas sobre el conocimiento científico, creando un contexto que definen como de «aculturación, manipulación y asimilación», sostenido con fondos públicos y una cobertura mediática favorable.
Además, la organización expresa su desacuerdo con la participación de fuerzas políticas que se identifican como de izquierdas en estas celebraciones, sugiriendo que esta actitud responde a una estrategia electoralista que prioriza «los votos y los sillones» en lugar de centrarse en la educación de la clase trabajadora andaluza. En este ambiente, Nación Andaluza reivindica la memoria de la Constitución andaluza de 1883, que defendía la libertad de conciencia y rechazaba que las organizaciones religiosas acumularan poder económico.
Para esta organización, esos principios son incompatibles con la estructura actual del poder eclesiástico y son cruciales para construir una Andalucía «laica, libre y socialista». En su propuesta programática, sugieren medidas como la eliminación de la financiación pública a actos religiosos, la no participación de cargos públicos en estos eventos, y la prohibición de subvenciones a instituciones religiosas. También reclaman el cierre de centros educativos y sanitarios vinculados a órdenes religiosas, así como la devolución de bienes como la Mezquita de Córdoba y otros patrimonios obtenidos mediante inmatriculaciones.
El comunicado concluye con un claro llamado a la acción: la búsqueda de «una Andalucía libre y laica», donde la religión no tenga cabida en las instituciones ni en el espacio público. Este posicionamiento no solo refleja una postura política, sino que también pretende iniciar un debate sobre la relación entre religión y estado en Andalucía, buscando una transformación que aleje a la comunidad de lo que consideran un legado de control y manipulación.