El grupo político Andalucía Por Sí – Andalucistas ha dado a conocer la ampliación de la denuncia que habían presentado ante la Fiscalía de Medio Ambiente en relación con el modelo de instalación de macroplantas de biogás en la provincia de Jaén. Esta acción se realiza debido a lo que consideran un fraccionamiento ilegal, ya que se han identificado hasta seis plantas promovidas por el mismo grupo empresarial, actuando con el objetivo de evitar una evaluación de impacto ambiental conjunta.
Antonio Jesús Rodríguez, candidato de esta formación en las próximas elecciones autonómicas, afirmó que esta denuncia busca visibilizar el problema que representa el fraccionamiento artificial de lo que sería un gran proyecto energético. La denuncia original fue presentada en diciembre y contó con el apoyo de varios ayuntamientos, plataformas ciudadanas y grupos municipales, alertando sobre la posible existencia de un macroproyecto segmentado en múltiples expedientes para eludir el control ambiental.
La nueva ampliación de la denuncia incluye un aspecto relevante: se ha incorporado una sentencia de un Juzgado de Andújar que reafirma la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Esta sentencia, relacionada con un caso de plantas solares en Lopera, se considera clave para justificar la necesidad de que la Fiscalía examine en profundidad el modelo de biogás en la provincia.
Desde Andalucía Por Sí se subraya que este precedente judicial proporciona un marco sólido para exigir que se investigue el conjunto del modelo de biogás en Jaén. Rodríguez ha destacado la responsabilidad política de la Junta de Andalucía, a cuyo líder, Juanma Moreno, y a la candidata del Partido Popular y consejera de Medio Ambiente, ha señalado como responsables de la intención de convertir a Jaén en lo que califica como “el estercolero del sur de Europa”.
La inquietud de la formación andalucista también se refleja en el contexto social y medioambiental de Jaén, donde la instalación de este tipo de plantas ha generado controversia. La preocupación por el impacto ambiental que estos proyectos pueden implicar ha llevado a diversas agrupaciones a organizarse para defender un modelo energético más sostenible.
La denuncia y su ampliación se enmarcan en un escenario donde el debate sobre las energías renovables y su implementación de forma responsable cobra mayor relevancia. La Fiscalía de Medio Ambiente deberá evaluar si las acciones de estas empresas han seguido las normativas vigentes y si se ha producido un verdadero fraccionamiento con el fin de evadir controles ambientales.
Los próximos pasos dependerán de la respuesta de la Fiscalía y de la reacción de las instituciones involucradas. La atención de la sociedad civil también jugará un papel crucial, ya que la transparencia y la correcta implementación de políticas energéticas son fundamentales para el desarrollo sostenible de la región. Así, la situación actual podría impactar no solo en el ámbito ambiental, sino también en la percepción pública sobre la gestión de proyectos de gran envergadura en Andalucía.
