Redacción || 22 de enero de 2026
El Defensor del Pueblo Andaluz ha puesto en marcha una serie de actuaciones de oficio que afectan a una docena de ayuntamientos en la provincia de Jaén, incluido Martos. El propósito de estas acciones es obtener información precisa sobre la atención residencial y social que reciben los trabajadores temporeros durante la campaña de recogida de la aceituna.
Esta medida surge ante las dificultades persistentes que enfrentan muchos trabajadores para acceder a un alojamiento digno. Ellos suelen trasladarse a la provincia sin un contrato previo o, en algunos casos, no consiguen unirse a las cuadrillas, lo que les lleva a situaciones de precariedad, como el hacinamiento en viviendas, estancias muy limitadas en albergues o incluso pernoctas en la vía pública.
En este contexto, la Institución ha requerido al Ayuntamiento de Martos que proporcione información sobre la estimación de temporeros que se desplazan al municipio. Se busca conocer cuántos de estos trabajadores podrían estar en situación de sinhogarismo y qué necesidades principales se han detectado. También se solicita un inventario de los recursos habitacionales disponibles, tanto públicos como alternativos, y una evaluación de si estos son suficientes para atender la demanda existente.
Otro aspecto fundamental de la solicitud se centra en el funcionamiento del albergue municipal. Se han pedido datos como el número de plazas disponibles, los servicios que se ofrecen, los días máximos de estancia y los periodos de apertura y cierre durante las campañas 2023/2024 y 2024/2025. De cara a la campaña 2025/2026, también se busca información sobre la identificación de personas en situación de calle, las medidas planificadas para su atención, el presupuesto asignado y las fuentes de financiación.
Desde la Institución se recuerda que esta problemática ha sido objeto de seguimiento continuo en informes remitidos al Parlamento de Andalucía durante más de dos décadas. Se subraya la necesidad de una planificación adecuada, así como de una coordinación entre administraciones y suficiente financiación, todo ello con un enfoque centrado en los derechos humanos, la convivencia y la prevención de la exclusión social.