La Junta de Andalucía ha iniciado el proceso de licitación para las obras de rehabilitación y ampliación de la sede judicial de Villacarrillo, un proyecto que cuenta con un presupuesto de 5,68 millones de euros y un plazo estimado de ejecución de 18 meses. Esta iniciativa busca solucionar una problemática que se arrastra desde el año 2010, cuando la antigua sede fue cerrada debido a su deterioro.
En el contexto de esta licitación, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, mantuvo una reunión con el alcalde de Villacarrillo, Francisco Miralles, y varios operadores jurídicos de la localidad. Durante este encuentro, se les informó sobre este avance significativo que permitirá la reforma de un edificio de interés histórico, que hasta 2010 albergaba los juzgados en la calle Feria.
Desde el cierre de la antigua sede, los juzgados han estado funcionando en un local temporal cedido por el Ayuntamiento, ubicado en el mercado de abastos. Lo que originalmente se pensó como una solución provisional ha durado más de una década. Este prolongado periodo ha sido consecuencia de múltiples retrasos administrativos y de la necesidad de adaptar el proyecto a la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.
El nuevo plan no solo incluye la rehabilitación de la casona del siglo XIX, preservando su fachada original, sino que también contempla una ampliación significativa que llevará la superficie total a 2.445 metros cuadrados, en comparación con los 829 metros cuadrados actuales. Este cambio es crucial para adaptar el edificio al modelo de tribunal de instancia, que se ha implantado recientemente y que busca reorganizar el trabajo judicial en secciones y servicios comunes.
Las instalaciones de la futura sede judicial incluirán salas de vistas, áreas designadas para jueces, fiscales y funcionarios, así como espacios de atención al público. Además, se incorporarán dependencias especializadas, como salas Gesell para víctimas vulnerables, y se prevé una posible ampliación del personal, que incluirá una plaza dedicada a la violencia de género.
La apertura de la licitación marca el comienzo de una nueva fase para un proyecto que ha estado marcado por retrasos y que tiene como objetivo proporcionar a los más de 52.000 habitantes del partido judicial unas instalaciones modernas y adecuadas. La clave del éxito radicará en el cumplimiento de los plazos establecidos, ya que es fundamental cerrar definitivamente una etapa de provisionalidad que ha persistido por más de diez años.