El pasado jueves 25 de febrero, se dictaron condenas a dos exfuncionarios de Aduanas, cuatro empleados de empresas de mensajería y un particular, en un caso liderado por el Fiscal Jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza. Estas sentencias se dieron por delitos de fraude al Fisco, contrabando, asociación ilícita, lavado de activos, además de infracciones tributarias y cohecho en el caso de uno de los acusados. Este proceso es el resultado de una investigación que logró desmantelar una organización dedicada a la introducción irregular de mercancías en el país a través del Aeropuerto de Santiago.
La organización fue descubierta tras detectar un contrabando el 20 de abril de 2019 en el Complejo Aduanero Courier del Aeropuerto de Santiago. Este hallazgo permitió a las autoridades identificar una red que evadía el pago de tributos aduaneros y no declaraba el verdadero contenido de los envíos. Los implicados contaban con la colaboración de funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas y trabajadores de empresas de mensajería, lo que facilitó la operación ilegal.
Las condenas fueron resultado de un procedimiento abreviado llevado a cabo entre el 23 y 25 de febrero en el Primer Juzgado de Garantía de Santiago. Cuatro de los condenados recibieron penas de tres años y un día por fraude al Fisco, y todos fueron sentenciados por asociación ilícita. Algunos, en particular los funcionarios de Aduanas involucrados, también enfrentaron cargos por cohecho y delitos tributarios. Además de las penas de prisión, se impusieron multas que ascienden a cerca de 190 millones de pesos y la incautación de dos vehículos utilizados en la actividad delictiva.
La investigación continuó y, gracias a las diligencias realizadas por la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI, el 4 de mayo de 2023 se detuvieron a 21 individuos, incluidos los líderes del grupo y tres fiscalizadores aduaneros. La información obtenida de los teléfonos móviles de algunos de los detenidos permitió identificar a otros tres funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas, quienes también fueron arrestados y formalizados, quedando uno de ellos en prisión preventiva.
Finalmente, se presentó una acusación contra 16 imputados, entre los que se encontraban siete funcionarios de Aduanas en el momento de los hechos. Hasta el momento, siete de ellos ya han sido condenados a través de procedimientos abreviados, mientras que cinco exfuncionarios de Aduanas esperan ser juzgados en un juicio oral. La próxima audiencia de preparación de juicio oral está programada para el 11 de mayo en el mencionado tribunal de garantía.
Este caso pone de manifiesto la complejidad de las redes de contrabando y el papel que pueden desempeñar los funcionarios públicos en la facilitación de actividades ilícitas. La colaboración entre distintas entidades gubernamentales es crucial para la lucha contra el fraude y el contrabando, así como para proteger los ingresos del Estado y garantizar la correcta fiscalización de las mercancías que ingresan al país. La condena de estos exfuncionarios y sus cómplices sirve como un fuerte mensaje de que la justicia perseguirá a aquellos que abusan de su posición para delinquir.